Cerrado por vacaciones!.

Cerramos temporada rozando los 10.000 visitantes en el blog. Muchas gracias por vuestra confianza y, sólo con el humilde deseo de que os haya resultado útil en este curso tan especial. un recordatorio final que os puede ser útil en caso de necesidad médica. Adjunto gráfico:

Un Plan Marshall para Europa: Hacia la unión fiscal.

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Después de 4 maratonianas jornadas, a las 5.30 horas del día 21 de julio de 2020, los jefes de Estado y de gobierno alcanzaron un acuerdo sobre el futuro financiero de la Unión Europea, que permite articular un doble mecanismo, uno extraordinario o Fondo de Reconstrucción, y otro ordinario, el Marco financiero plurianual para el período 2021-2027, que sirve como soporte al Presupuesto Comunitario.

La dotación del fondo de reconstrucción europeo, que pretende hacer frente a las obligaciones extraordinarias para enfrentar el impacto económico de la pandemia, será dotado con 750.000m€, que se desglosarán en 390.000 m€ en ayudas directas a través de transferencias a coste cero, y 360.000m€ de préstamos condicionados. La financiación para su dotación se realizará a través de emisiones de deuda común emitida por la Comisión Europea y la duración del programa financiero extraordinario será de 3 años, aunque la amortización de la deuda emitida hará que los efectos de este instrumento se desplieguen hasta el lejano 2058.

La concesión de la financiación a través de este instrumento financiero extraordinario, en particular las ayudas directas, estará condicionada a la presentación, por parte de los países, de Planes Nacionales de reformas, que deberán ser aprobados por mayoría cualificada de los 27, de manera que los desembolsos del Fondo estarán temporalmente vinculados al cumplimiento de los objetivos preestablecidos. En cualquier caso, existe lo que se ha denominado “freno de emergencia”, de manera que cualquier país puede invocar el incumplimiento de los compromisos por parte de algún Estado, y someterlo a debate en el consejo europeo, existiendo una oblgación de dar una respuesta en el plazo de tres meses, para evitar estrategias de obstrucción por parte de aquellos. Resulta de interés señalar que para algunos países la condicionalidad se haya ligada al mantenimiento del Estado de Derecho como en el caso de Polonia y Hungria.

Para España, la financiación asignada, sujeta a la condicionalidad tanto en líneas de inversión como en cumplimiento de los Planes nacionales de reforma, sería de 140.000m€, de los cuales 72.700 serían ayudas directas y 68.300 m€ prestamos condicionados.

Al mismo tiempo, se ha aprobado el Marco financiero plurianual (2021-2027) que alimenta el Presupuesto comunitario ordinario. La dotación para el período sería de 1,074 billones de euros. Como consecuencia del proceso negociador de ambos instrumentos, los países que más se han opuesto a la dotación del Fondo de Reconstrucción, han obtenido interesantes compensaciones, similares al antiguo cheque británico, en su aportación como contribuyentes netos, por valor de 53.000m€. Los países beneficiarios han sido Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania.

En todo caso, este proceso exige de la aprobación por el Parlamento Europeo y ratificación por parte de cada uno de los parlamentos nacionales, por lo que dificilmente los instrumentos estarán operativos antes de mediados del año 2021, si no existe algún problema en el proceso de ratificación.

En cualquier caso, debemos congratularnos como europeos, que se haya alcanzado un acuerdo que, como ocurre en cualquier negociación exigente, ha supuesto una renuncia parcial de cada parte a sus planteamientos de partida. Los países “frugales”, por ver el mantenimiento de la cuantía del fondo y la suavización de los mecanismos de control a la condicionalidad, y el resto que ha visto reducida la cuantía de las transferencias a coste cero y mantenida una condicionalidad que obligará a desarrollar reformas estructurales en muchos países, entre ellos, España. Hagamos de necesidad virtud y pongámonos las pilas para construir unos fundamentos económicos y sociales que nos hagan progresar como sociedad tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

Diferencia de recaudación fiscal de España respecto Europa y experiencias de la crisis financiera

Sobre este tema se recomienda ver: El sector público español: reformas pendientes / Alain Cuenca y Santiago Lago Peñas (codirectores).editado por FUNCAS y la UAH. Hay versión libre de acceso público descargable

mayo – 2019

Capítulo II. La reforma fiscal necesaria / Laura de Pablos Escobar y Juan José Rubio Guerrero

La reforma del sistema impositivo español es uno de los principales temas pendientes al que se enfrentan los sucesivos gobiernos sin que, de momento, se hayan alcanzado los resultados esperados. Actualmente continúa siendo un gran reto que el conjunto de nuestros tributos muestre la capacidad recaudatoria 1 para mantener el actual nivel de nuestro Estado de bienestar y que, además, lo haga con eficiencia, neutralidad, equidad, sin excesiva complejidad, a través de ingresos homologables a los vigentes en países de la Unión que nos son más afines.

Hemos sido testigos de constantes cambios normativos en la regulación de los diferentes impuestos. Estos cambios realmente son fruto de la necesidad de implementar, de forma improvisada, medidas que ayuden en la resolución de los problemas inherentes a las circunstancias económicas, sociales, incluso políticas de cada momento, pero nunca han servido para dar respuesta a las disfunciones reales de nuestro sistema impositivo en conjunto. Es cierto que la Gran Recesión ha tenido una incidencia recaudatoria enorme, particularmente en nuestro país, por lo que probablemente no era el momento más oportuno para abordar una reforma integral del sistema. No obstante, si se quiere un crecimiento económico estable y sostenido a largo plazo generador de empleo de calidad es condición necesaria, dentro del marco de las reformas estructurales que España necesita, abordar, sin dilación, una revisión integral y coordinada de su fiscalidad.

Habida cuenta de la existencia de propuestas reformadoras integrales a nivel nacional e internacional y de que este asunto preocupa notablemente a la Comisión Europea, OCDE, a muchos expertos del ámbito académico, a gobernantes, agentes sociales y sobre todo a los ciudadanos, en este capítulo nos hemos propuesto formular las líneas de reforma básica que deberían seguir nuestros impuestos, reformas que han cumplir una serie de objetivos generales para todo el sistema impositivo.

Tras esta breve introducción, en el epígrafe segundo se hace un repaso de la ordenación de prioridades en los objetivos a cumplir por nuestro sistema tributario a la luz de los principios tributarios que han ido decantándose en los países desarrollados. En el tercer epígrafe revisamos las tendencias de los sistemas impositivos europeos. En el cuarto formulamos propuestas de reforma para cada uno de los principales impuestos vigentes en España. Finalmente, aportamos un breve resumen con las principales conclusiones.

[1] Sobre el irregular y atípico comportamiento de la recaudación del sistema tributario español en el período 2008-2017 y las modificaciones normativas que se adoptaron ad hoc para contrarrestar la dramática pérdida recaudatoria, se recomienda ver Rubio y Álvarez (2018) en esta misma obra.

10 reasons to vindicate the Hispanic cultural heritage of the United States 🇪🇸🇺🇸

www.hispaniccouncil.org/wp-content/uploads/RespectHispanicHeritageEnglishOK.pdf

El legado español en Estados Unidos es el resultado de más de tres siglos de exploraciones, asentamientos y presencia de la cultura inspirada desde La Nueva España, el Virreinato creado en México. Muchas iniciativas de la Corona de España han dejado su huella en testimonios de la cultura, la economía, la religión, el arte y la toponimia. Sin olvidar la contribución española a la Independencia de los Estados Unidos de América, con figuras como Bernardo de Gálvez o los marinos Ferragut, y el descubrimiento y exploración del Pacifico y de las tierras del Oeste americano mucho antes de que las caravanas de colonos norteuropeos se internaran por estos territorios. Un ejemplo de esa herencia es el escudo de la ciudad de Los Angeles donde se reconoce su fundación española en el cuartel inferior derecha con las armas castellano leonesas y con la fecha de su fundación en 1781

A propósito de un programa económico para la salida de la crisis Covi19: algunas reflexiones.

En esta fase de finalización del Estado de Alarma y del confinamiento, resulta necesario conciliar objetivos sanitarios con objetivos económicos. El Estado de alarma, el confinamiento y un proceso controlado de desescalada parecen estar cumpliendo su función en la contención de la pandemia. La hibernación de la economía ha provocado un gran coste social y económico con severos desplomes del PIB y alto aumento del desempleo. Es imprescindible volver a la normalidad de la actividad económica con herramientas que garanticen la contención de nuevos brotes de contagio: test masivos, seguimiento de contagios, distancia social, uso de mascarilla, medidas de desinfección en las empresas, teletrabajo, etc.

Si algo nos ha enseñado esta crisis es la necesidad de reforzar la gestión sanitaria con la colaboración publico-privada. Nuestro gasto sanitario ya estaba creciendo de forma exponencial en los años anteriores a la pandemia, comprometiendo las cuentas de las Administraciones autonómicas de forma muy grave. En el contexto actual, pretender incrementar el gasto sanitario público para cubrir todas las necesidades presentes y futuras del sistema nacional de salud es, en el mejor de los casos, impensable. Por ello, reforzar nuestro sistema sanitario mediante la colaboración público-privada, y dotarnos, a medio plazo, de reservas estratégicas de equipos y material , para futuras pandemias son acciones a considerar. La experiencia ha demostrado que se pueden gestionar mejor la logística e infraestructuras sanitarias, los recursos humanos y los de producción, todo ello en coordinación con otras autonomías, así como con los países miembros de la UE.

Consolidación fiscal

Toda esta dinámica ha generado un despliegue extraordinario de actuaciones públicas que se ha plasmado en un incremento del gasto público, en todos los niveles de la Administación, con unas necesidades financieras explosivas y que serán cubiertas básicamente con ayudas de la UE y emisión de Deuda Pública. Si los márgenes fiscales de nuestro país eran estrechos, por cuanto no habiamos asimilado aún los efectos presupuestarios de la crisis financiera del 2008, los niveles de déficit y Deuda Pública en los dos próximos años van a ser históricos. Por ello, una vez tranquilizadas las aguas, España deberá priorizar la senda de consolidación fiscal, es decir, una vez se vayan despejando las necesidades de políticas públicas extraordinarias, que han exigido una situación también extraordinaria y sobrevenida de forma abrupta. Esta consolidación debe construirse bajo un programa de acción sostenido y creible, que permita generar certidumbre sobre el esfuerzo fiscal a desarrollar a medio plazo. Ese programa de acción debería realizarse, desde una perspectiva de racionalización del gasto público, adelgazando los presupuestos públicos de cualquier gasto ineficiente e improductivo, con el objetivo de optimizar la prestación de los servicios públicos. En este proceso, en algún momento del ajuste temporal, un aumento impositivo será necesario, pero habrá que hacerlo con criterio y buscando una estructura fiscal lo más eficiente posible, evitando al máximo aquellos que puedan lastrar, en mayor medida, el crecimiento económico, la inversión, y precarizar nuestro tejido productivo, auténtico motor para la creación de empleo y para combatir la pobreza.

Reforma fiscal.

Las medidas tributarias que se adopten en un contexto de salida de la crisis sanitaria, deberían guiarse por cuatro principios rectores:

  • Deben fortalecerse los ingresos públicos, para volver lo antes posible a la senda de disciplina  y equilibrio fiscal.
  • No deben, en lo posible, perjudicar la recuperación económica, que a la postre es el objetivo final.
  • No perder de vista la equidad fiscal. La propia crisis, por su naturaleza, es regresiva, por lo que es importante evitar que la salida también lo sea.
  • Deben distinguirse, de forma nítida, el tipo de medidas fiscales, diferenciando cuales son transitorias y cuales deberían ser permanentes.

Como podemos ver un dificil equilibrio entre fundamentos fiscales, pero de cuya consecución depende una salida ordenada, equitativa y rápida de la actual situación excepcional.

En la vuelta a la nueva normalidad, habrá que medir bien el esfuerzo que se va a exigir a las sociedades. En España, como ya hemos comentado, habrá que replantearse la estructura del gasto público conjugando medidas de corte social, como el ingreso mínimo vital,  con las necesidades crecientes de gastos financieros para cubrir las obligaciones de Deuda Pública adicionales, y con otras de impulso a la actividad económica general. Para ello, y para compensar la caída de recaudación fiscal y evitar que la deuda pública se dispare exponencialmente, habrá que incrementar los ingresos fiscales de la forma más eficiente posible, es decir, tratar de evitar sobrecargas en aquellos que puedan distorsionar gravemente una asignación efciente de los recursos, para no penalizar el crecimiento económico.

Nos guste más o menos, habrá que ajustar los impuestos al alza para financiar el inmeso agujero fiscal que se va a generar, pero no debemos caer en ocurrencias fiscales cuando tenemos un sistema fiscal suficientemente desarrollado para asumir el impacto fiscal. Debe preocuparnos la ingeniería fiscal, con nuevas figuras tributarias, cuyos efectos recaudatorios, de incidencia fiscal  y distributivos puede generar. Es más útil, más eficaz y más previsible, repartir el esfuerzo fiscal exigible a la sociedad, entre las principales figuras tributarias que conforman nuestro sistema fiscal. En este sentido, y para visualizar el carácter transitorio, una tarifa complementaria en IRPF no debería descartarse, con un reparto del esfuerzo de forma progresiva por tramos, sin perjuicio de incorporar algún tramo adicional en la parte alta de la tarifa. En el Impuesto de Sociedades, una elevación del tipo efectivo del Impuesto a través de una aproximación de base imponible al beneficio contable y una revisión de los beneficios fiscales, debería considerarse. Tampoco debería descartarse un aumento transitorio del IVA del 21 al 23%, con una revisión de consumos a tipo reducido o superreducido y de las exenciones limitadas en el impuesto, con un doble objetivo, elevar la recaudación y rebajar las cotizaciones patronales a la Seguridad Social, para abaratar relativamente el empleo. Sin olvidar el juego que pueden dar los impuestos medioambientales o la aplicación, cada vez mayor de tributos basados en el principio de beneficio por el uso de bienes y servicios públicos. La imposición patrimonial puede plantear serios problemas de aplicación, desde el punto de vista técnico y recaudatorio, por lo que un impuesto sobre grandes fortunas, no es una solución razonable por comparación con lo que ocurre en nuestro entorno fiscal.

Parece algo incuestionable la necesidad de desarrollar un programa de regeneración fiscal que haga explícitos, a nivel presupuestario y en horizonte a medio plazo, los techos de gasto y el de deuda pública con el fin de ir paulatinamente absorbiendo el impacto presupuestario a medio plazo. Si se considera que el déficit, al que nos va a abocar esta crisis, se sitúa entre el 10 y 12% del PIB, y considerando que, con todas las cautelas, el déficit estructural sería del 5%, según FEDEA, a un ritmo de reducción de ½ punto por año, necesitaríamos una década para hacerlo desaparecer en su integridad. Sin olvidar que las medidas excepcionales que se adopten no pueden, en ningún caso, vulnerar las reglas básicas de control propias de la elaboración del Presupuesto, y articularse con un esquema de presupuestación a medio y largo plazo, con parámetros que permitan hacer converger el déficit estructural a una situación de equilibrio presupuestario.

Será, en todo caso, necesaria una máxima coordinación de las políticas económicas con la UE, con el fin de evitar comportamientos nacionalistas en forma de “sálvese el que pueda”, intentando reforzar el proteccionismo en los principales sectores, limitando los movimientos de capitales, incorporando algún tipo de barrera comercial o pretendiendo controlar, de forma directa o indirecta, las inversiones extranjeras. En este sentido, resulta fundamental la coordinación en la apertura de fronteras y la restitución del mercado y espacio único de la UE. Tenemos que avanzar juntos en la reparación de los daños provocados por la crisis sanitaria y preparar un futuro mejor para la próxima generación. Resulta fundamental que los jóvenes, ya maltratados en la crisis financiera, lo sean de nuevo en esta, creando frustración y falta de expectativas que conduzcan a un escepticismo desintegrador sobre el proyecto europeo.

Acciones estratégicas enfocadas a la regeneración económica.

Sin embargo, cualquier medida de ajuste fiscal debería ser acompañada de un conjunto de acciones estratégicas a medio y largo plazo en diferentes mercados y sectores de la economía, o, dicho de otra forma, lo que se viene denominando como “Reformas estructurales”.

Debemos tener claro que la mejor manera de lograr la convergencia a una situación de equilibrio presupuestario estable y permanente a largo plazo, proviene del crecimiento económico, que permita ensanchar las bases de los impuestos fundamentales:  a mayor empleo, mayor renta gravable en IRPF, a mayor beneficio empresarial, mayor recaudacion en el impuesto de sociedades; a mayor consumo, mayor recaudación en IVA o consumos especiales, y todo ello sin que sea necesario modificar la carga fiscal individual por elevación de tipos nominales de gravamen.

Mercado de trabajo

Por lo que se refiere al mercado de trabajo, con el fin de evitar destrucción de empleo, es conveniente extender en el tiempo los Ertes por fuerza mayor en los sectores más perjudicados, así como facilitar su reconversión por motivos económicos. Sería suicida, en estos momentos, que se pudieran revertir medidas eficaces para salir de la crisis, introduciendo rigideces en el mercado de trabajo, que contribuyesen a dualizar este mercado, con una mayor parte de la población activa fuera de un mercado hiperprotegido. El concepto de flexiseguridad alcanza máximo grado de consideración en estos momentos. La flexibilidad es esencial para la preservación del tejido empresarial y el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo. Cualquier derogación de la reforma laboral será altamente costosa para el país en su conjunto y especialmente muy dañina para los trabajadores más vulnerables.  Además no solo desmotivará la inversión interna y externa, sino que trasladará inseguridad jurídica, hecho que estará en el punto de mira de cualquier inversor.

Pensiones.

El sistema de pensiones español exige algunos ajustes fundamentales porque se trata de un sistema de reparto y piramidal, a través del cual los cotizantes actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales, sin garantías respecto a lo que ocurrirá en el futuro a los cotizantes actuales el día que alcancen la edad de jubilación. No es de recibo alarmar a la población sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones ya que constituye la piedra angular de cualquier Estado de bienestar de corte europeo, pero lo que si parece evidente es que la cuantía de las pensiones se deberá ajustar a parámetros fundamentales como la esperanza de vida para establecer la edad de jubilación, la cotización realizada durante la vida laboral o las disponibilidades presupuestarias del sistema. A título de ejemplo, la instauración de “cuentas nocionales”, es decir, la articulación de un sistema individualizado, dentro del sistema público de pensiones, en el que se vincule la prestación del futuro con la cuantía de las cotizaciones prácticas en la vida laboral es algo que debería estudiarse sin apriorismos. Otro cambio necesario sería separar claramente las pensiones contributivas de las no contributivas, las cuales deberían financiarse a través de los PGE y, por supuesto, si se  quiere en la mayoría de los casos, disfrutar de un nivel de vida próximo al mantenido durante la vida activa será imprescindible hacer aportaciones a planes y fondos de pensiones privados que permitan complementar la menguante pensión pública que devengarán las futuras generaciones. Pero esto es harina de otro costal, porque ¿que jóven puede ahorrar para su jubilación con el nivel salarial actual y el grado de precariedad en el empleo que soportan las nuevas generaciones?. Permitánme una reflexión al margen. Por favor, cada vez que tengamos problemas de financiación pública de una determinada política de gasto no se nos ocurra la fácil solución de crear un impuesto selectivo ad hoc. Para financiar los servicios y las prestaciones públicas está el sistema fiscal y las cotizaciones sociales en su conjunto.

 En cualquier caso, resulta fundamental avanzar en reformas que estabilicen y garanticen la sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones. Cualquier medida que suponga un incremento en los ingresos o una reducción de los gastos del sistema, sea en términos nominales o reales, va a ser resultar dificil de ejecutar y supone un elevado coste social ya que conllevaría un incremento sobre la presión fiscal del trabajador activo, un incremento de la presión fiscal de las empresas vía cotizaciones,  o una disminución de las prestaciones al trabajador pasivo, bien sea por alargamiento de la vida laboral, incremento del número de años necesarios para calcular la pensión, retraso en la edad de jubilación, etc.  Todo ello va a tener un impacto sobre el crecimiento económico, ya que un aumento en la presión fiscal tiene efectos inmediatos sobre la renta, producción y empleo que habrá que valorar. Si nuestro sistema de previsión social quiere parecerse al de nuestros socios de la UE, y se plantea esquemas de sostenibilidad y equilibrio financiero a medio plazo, será necesario fomentar y desarrollar mecanismos de ahorro previsional a largo plazo basados en un sistema de capitalización y contribución definida, que complemente al actual sistema de reparto y prestación definida de carácter estatal. El ahorro total de los planes de pensiones privados en España se sitúa en torno al 10% del PIB, cifra muy inferior a la de los países de nuestro entorno.

 Política industrial.

En este momento procesal, resulta crítico reactivar la confianza de los agentes económicos y evitar el deterioro del tejido productivo mediante estímulos, prestando especial atención a Pymes y Autónomos. La hibernación de la economía ha provocado que las empresas se tengan que enfrentar a serios problemas de liquidez. Se han tomado medidas que han ido en la buena dirección; créditos, avales ICO, aplazamiento de impuestos… Pero será necesario ampliar y crear nuevas líneas de financiación con programas específicos para dotar de mayor liquidez a las empresas. No menos importante en este ámbito será agilizar los procesos administrativos para que la liquidez llegue lo mas rápido posible a las empresas. Mención aparte merece la necesidad de un mayor apoyo fiscal, de carácter coyuntural,  a las empresas mediante la extensión de las medidas tributarias aprobadas, así como aprobación de nuevos incentivos fiscales bien dimensionados respecto a los objetivos buscados. También resulta conveniente valorar la eliminación de la obligatoriedad del mantenimiento del empleo durante seis meses tras la finalización de los ERTE, si no se quiere complicar la supervivencia de muchas empresas, comprometiendo todo el empleo vinculado a estas.

Urge un plan para el sector industrial. El impacto que la pandemia tendrá sobre el mercado global dará lugar a un proceso de relocalización de actividades productivas. Si algo se ha echado de menos en los últimos años en nuestro país, ha sido el diseño de una política industrial ambiciosa y bien dimensionada a largo plazo. El sector industrial ha crecido y se ha contraido de forma poco estructurada, y conviene no olvidar que es el que genera más empleo estable y de calidad. Por ello es necesaria la creación de grupos sectoriales que analicen las fortalezas y debilidades de cada sector industrial, definan una agenda de renovación y modernización en función de las prospectivas de cada uno de ellos, y diseñen un conjunto de acciones de políticas mixtas publico-privadas para ejecutar el plan de acción, con un seguimiento de los resultados.

Como complemento, y desde la perspectiva de la demanda, sería conveniente impulsar la confianza de los consumidores de bienes duradero con estímulos fiscales temporales, por ejemplo, a la compra de viviendas o automóviles durante el 2020-21, empujando con ello al resto de la industria. En este sentido, el diseño de programas de acceso a la vivienda de jóvenes o la potenciación de la adquisición de vehículos no contaminantes o eléctricos podría ser una forma de conseguir un doble dividendo: económico y ambiental.

A corto plazo, el apoyo específico a aquellos sectores tractores de la actividad económica en España será garantía de una salida rápida y razonable de la crisis sanitaria. La actividad turística necesitará no sólo de planes europeos en materia de transporte aéreo, sino también de impulsos nacionales temporales que inciten a visitar España. Es necesario ofrecer seguridad a nuestros visitantes, con una oferta de calidad y con garantias de servicios seguros desde el punto de vista sanitario. Desde el lado de la oferta, deberían considerarse reducciones temporales de impuestos locales que afectan a los operadores del sector. Sin embargo, habria que pensar con mucho cuidado posibles bajadas del IVA para los servicios de hostelería, restauración, que ya están entre los más bajos de la UE, y transportes de viajeros y equipajes por los efectos recaudatorios y discriminatorios sobre otros sectores. Sin embargo, no debería descartarse una suspensión provisional de las tasas turísticas.

Especial protección, por el peso que tienen en la economía española, merecen las microempresas y autónomos, con medidas de estímulo y ayudas a la modernización e internacionalización de sus actividades. Hay que aumentar la oferta formativa en digitalización, dada la brecha existente, confirmada por la imposibilidad de acceder a sistemas de comercio electrónico y teletrabajo por una parte sustancial de este conjunto de negocios. Como dato, señalar que sólo el 17% de las PYMES españolas poseen alguna funcionalidad de e-commerce, bien a través de canal propio o marketplace. En definitiva, Se trata de poner en marcha programas públicos de detección de nuevos yacimientos de empleo y nichos de oportunidades empresariales complementarias o alternativas a las tradicionales en todos los sectores, a fin de diversificar la economía nacional. En este contexto, la creación de fondos público-privados de concesión de avales y créditos blandos específicamente dirigidos a proyectos de emprendimiento y la Implicación de inversores privados y entidades financieras, junto a administraciones públicas, en la dotación de dichos fondos (programa de Business Angels, entidades de capitalriesgo, capital-inversión…) deberían ser opciones a considerar.

Planificación territorial.

Uno de los grandes problemas estructurales que debe afrontar España en los próximos años es la despoblación de grandes zonas de su territorio como consecuencia de profundos procesos de migración internas en busca de nuevas y mejores oportunidades laborales y de promoción social, así como la búsqueda de mejores servicios públicos en cantidad y calidad. Resulta fundamental la realización de estudios para la adecuada zonificación de la España despoblada a efectos de una mejor prestación de los servicios públicos ajustada a las necesidades diferentes y específicas de los habitantes de estos territorios, con mapas de servicios (especialmente accesibilidad, no solo disponibilidad) y relaciones con el resto del país. Esta necesidad se ha puesto de manifiesto, de forma dramática, con la irrupción de la crisis sanitaria generada por la difusión territorial del Covid-19 que ha generado la necesidad de apoyo asistencial entre Comunidades Autónomas en función de la proximidad territorial a los centros de asistencia especializada y hospitalización salvando, en algunos casos, las simples fronteras administrativas. Para conseguir una planificación regional adecuada que permita revertir este proceso insano para la estabilidad económica y social a largo plazo, resulta imprescindible implicar a las instituciones competentes en nuestro país para la creación de una cultura de planificación territorial y de evaluación de políticas públicas territoriales rigurosa y basada en datos y conocimiento con una colaboración de todas las administraciones afectadas: estatal, autonómicas y locales. Más aún, es necesario que la despoblación se incorpore como un criterio a la hora de distribuir fondos a escala europea, nacional y autonómica. Es necesario también que en su programación operativa y en su gestión participen particularmente las entidades locales, para fortalecer en la práctica el principio de subsidiariedad y garantizar su aplicación con criterios efectivos de equilibrio territorial. Si esta necesidad ha estado siempre encima de la mesa, ahora resulta imprescindible ante la necesidad de canalización de los ingentes recursos financieros que se van a inyectar, con el fin de minimizar el impacto económico que la pandemina del coronavirus puede tener sobre el desarrollo territorial y regional endógeno. Uno de los corolarios del planteamiento territorial comentado, es la necesidad de elaborar un plan de reformas e inversión en línea con las directrices de la UE, para acceder a los recursos del Plan Next Generation de la UE, así como acudir a todo tipo de ayudas de la UE.

En definitiva, es responsabilidad de las fuerzas políticas aunar voluntades tendentes a la aprobación de un plan para reactivar la economía a medio y largo plazo orientándose hacia la construcción de un país más sostenible, resiliente y justo, avanzando en la doble transición ecológica y digital. Para ello, resulta prioritario acometer reformas estructurales en base a las recomendaciones de política económica de la UE para nuestro país. Urge acometer e implementar reformas estructurales pendientes. En concreto: sostenibilidad del sistema de pensiones, reforma educativa y reforma fiscal. Hay que mejorar la cualificación del capital humano, e implementar la formación dual, a la vez se deberá impulsar la digitalización y la innovación. En todo este entramado de decisiones y acciones, la seguridad jurídica debe ser uno de los grandes pilares de nuestro país y la autentica garantía del crecimiento y la inversión. Por ello, es importante el compromiso de todas las fuerzas políticas en el diseño y desarrollo de un Plan de reconstrucción a largo plazo que impida que, ante cambios de gobierno, se puedan modificar los ejes fundamentales de actuación estratégica en cada ámbito, creando frustación e inseguridad juridica interna y externa.

¿Cómo funciona el ingreso mínimo vital en España?. Justificación y aplicación.

España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual. Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más bajas de la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del país Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más bajas de la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del país. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual

De acuerdo con la definición del INE y de Eurostat (personas que viven en hogares donde la renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta nacional), en España 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una importante dimensión generacional, también persistente en el tiempo. Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno.

Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía las que han ido configurando diferentes modelos de políticas de rentas mínimas. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado de Bienestar.

La situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19, exigen la puesta en marcha con carácter urgente de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia en España. A esta finalidad responde el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

Las características básicas de esta prestación, que aparecen ordenadas en el articulo 3 del RD-L regulador de la prestación, son:

  • Garantizar un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los términos de la norma.
  • Se articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y características específicas.
  • Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepción.
  • Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Contiene para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones.
  • Es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Acabamos de confirmar, la prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. Este objetivo de inclusión condiciona de manera central el diseño de la prestación, que, incorporando las mejores prácticas internacionales, introduce un sistema de incentivos buscando evitar la generación de lo que los académicos denominamos «trampas de pobreza», esto es, que la mera existencia de prestación inhiba el objetivo de inclusión social y económica de los receptores.

El ingreso mínimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y estar acompañado de un mecanismo incentivador al empleo, así como de las obligaciones de los beneficiarios de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar como demandantes de empleo en caso de no trabajar, deberá brindar la oportunidad de incorporarse a la economía formal a personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de este ámbito.

Para aplicar este sistema de incentivos, resulta fundamental la cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusión flexibles y adaptados a cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio de sus competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los perceptores a través de los servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema. Para aplicar este sistema de incentivos, resulta fundamental la cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusión flexibles y adaptados a cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio de sus competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los perceptores a través de los servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema.

Esta política debería actuar como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo:

  • carreras laborales más inciertas,
  • nuevas vulnerabilidades como las puestas de manifiesto por la crisis de COVID-19,
  • transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y

en general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie será inmune, pero que afectarán especialmente a los grupos sociales más vulnerables.

La puesta en marcha del ingreso mínimo vital exigirá también una progresiva reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los de esta nueva política. Este proceso de reajuste se iniciará con la eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de forma articulada y coordinada participan las comunidades autónomas y las entidades locales, persigue un triple objetivo:

  • lograr un despliegue más efectivo de la política de cara al ciudadano, evaluando las dificultades administrativas de acceso a la prestación, desde las administraciones más próximas a los ciudadanos potenciales beneficiarios de la transferencias.
  • maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la política pública.
  • Engarzar el ejercicio del autogobierno en el ámbito de las políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión colectiva de una red de protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social.

La implicación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por parte del Ministerio de Hacienda, constituye, además, un elemento fundamental y colaborador natural en un modelo de política social construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias evitando inequidades.

OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL DESARROLLO NORMATIVO.

Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital las personas que vivan solas, siendo el tramo de edad relevante para  su petición, ser mayor de 23 años o menor de 65, o los integrantes de una unidad de convivencia que, con carácter general, estará formada por dos o más personas que residan en la misma vivienda y que estén unidas entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, si bien se establecen excepciones para contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener vínculos familiares comparten vivienda por situación de necesidad

Para tener la condición de beneficiario, se exigen una serie de requisitos para el acceso y el mantenimiento del derecho a la prestación. Además, se regula la figura del titular de la prestación, que serán las personas con plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia, asumiendo también, en este último caso, la representación de la unidad de convivencia.

El derecho a la prestación se configura en función de la situación de vulnerabilidad económica. A estos efectos, se va a considerar que se da esta situación cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel de renta garantizada para cada supuesto previsto, en función de las características de la persona beneficiaria individual o la unidad de convivencia, requiriéndose además que su patrimonio, excluida la vivienda habitual, sea inferior a los límites establecidos en el real decreto-ley.el derecho a la prestación se configura en función de la situación de vulnerabilidad económica. A estos efectos, se va a considerar que se da esta situación cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel de renta garantizada para cada supuesto previsto, en función de las características de la persona beneficiaria individual o la unidad de convivencia, requiriéndose además que su patrimonio, excluida la vivienda habitual, sea inferior a los límites establecidos en el real decreto-ley.

Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b) y el artículo 6.2.c) deberán haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital.

El régimen de compatibilidad del ingreso mínimo vital con el empleo, de forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en el mercado laboral, lo cual no está tan claro en los umbrales de percepción.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

El ingreso mínimo vital es una prestación económica de periodicidad mensual que cubre la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad de convivencia durante el año anterior y la renta garantizada determinada por el real decreto-ley para cada supuesto, que, para el ejercicio 2020, se deduce de aplicar la escala establecida en el anexo I del real decreto-ley.

La renta garantizada para un hogar unipersonal es el equivalente al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada momento, dividido por 12. El importe de la renta garantizada se incrementa en función de la composición de la unidad de convivencia mediante la aplicación de unas escalas de incrementos. Así, en el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual citada se incrementará en un 30 por ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220 por ciento.

El ingreso mínimo vital protege especialmente a los hogares monoparentales, estableciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuantía mensual de la pensión no contributiva unipersonal. Asimismo, protege de manera más intensa a la infancia, al establecer escalas de equivalencia para los menores superiores a las utilizadas habitualmente en este tipo de prestaciones.

Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I sobre la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual

El ingreso mínimo vital tiene carácter indefinido y se mantendrá siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesión.

El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. Como ya hemos comentado, el  pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestación, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 696/2018, de 29 de junio.

La cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos.

Al objeto de determinar el derecho a la percepción de la prestación, se definen los conceptos de ingreso y de patrimonio que se tendrán en cuenta para el cómputo de los ingresos y de la situación patrimonial, a partir de lo cual se determinará el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital. En lo que se refiere a los ingresos, se sigue muy estrechamente, con alguna excepción, los criterios de valoración e imputación recogidos en el Impuesto sobre la Renta para rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales. En relación a la posición patrimonial,  no se entiende que exista vulnerabilidad económica cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio valorado, de acuerdo con unos criterios que se contemplan en el artículo 18 del RDL, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entiende que no existe vulnerabilidad económica  cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.el ingreso mínimo vital tiene carácter indefinido y se mantendrá siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesión.

El ingreso mínimo vital se configura como una prestación «suelo» que se hace compatible con las prestaciones autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad.

En cuanto al  régimen de financiación del ingreso mínimo vital, su dotación se realizará a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS.

De cara a la presentación de solicitudes, se habilitarán diferentes canales a disposición de los ciudadanos, básicamente telemáticos. Asimismo, se podrán suscribir convenios con las comunidades autónomas y entidades locales para la presentación de las solicitudes e iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad social de su territorio.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento y control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitación del procedimiento se realizará por medios telemáticos.

Por lo que respecta a la cooperación entre las administraciones públicas, se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, en coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la firma de convenios con otros órganos de la administración, con comunidades autónomas y entidades locales, pudiendo estos convenios regir la cooperación en el procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusión o en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del ingreso mínimo vital.

Se crea la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en materia de inclusión, así como el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales.

RESPONSABILIDADES

Desde el punto de vista de la exigencia de responsabilidades, el real decreto-ley establece que tanto las personas titulares y beneficiarias del derecho que hayan cometido la infracción, como aquellas otras que hubiesen cooperado en su comisión, serán responsables de las infracciones tipificadas en el real decreto-ley. En este caso, se refiere a los empresarios que ostentan en esta ocasión la figura del cooperador necesario, sin la cual la infracción no sería posible. Por tanto, la reducción de la economía informal requiere necesariamente de la equiparación del autor de la infracción con el cooperador necesario, en este caso el empresario, a la hora de imponer la sanción.

Asimismo, y con idéntica finalidad, se establecen sanciones accesorias como la extinción del derecho o la imposibilidad de resultar beneficiario a futuro, sin perjuicio del necesario reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, para los casos de falseamiento, ocultación fraudulenta de cambios en la situación o cualquier otra actuación fraudulenta que den lugar al acceso indebido a la prestación, a su mantenimiento o a un aumento indebido de su importe.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MAS RELEVANTES

La disposición adicional tercera regula el crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo vital en el ejercicio 2020.

La disposición adicional quinta regula la aplicación del real decreto-ley en los territorios forales, en atención a la especificidad de las Haciendas Forales. Así, se contempla que dichos territorios asuman las funciones y servicios que el real decreto-ley atribuye al Instituto Nacional de Seguridad Social y se prevé que, mientras no se asuman dichas funciones, se firme una encomienda de gestión.

La disposición transitoria tercera prevé un procedimiento excepcional relacionado directamente con la situación económica generada a raíz de la pandemia del COVID-19, que tiene por objeto asegurar que el ingreso mínimo vital llegue con urgencia a las personas y hogares que más lo necesitan y que más están padeciendo las consecuencias de la crisis. Así, se permite el reconocimiento de la prestación para las solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos durante este año, en lugar de los ingresos del año anterior, al objeto de poder tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad generadas por las consecuencias económicas y sociales que está ocasionando el COVID-19. En particular, a efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se considerarán los ingresos que haya tenido la persona o unidad de convivencia durante este año, siempre y cuando en el ejercicio anterior no supere la mitad de los límites de patrimonio establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y cuyos ingresos no superen en más del 50 por ciento de los límites establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019 en los términos establecidos en el real decreto-ley.

Asimismo, se regula una exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios del curso académico 2020/2021 para aquellos a quienes se reconozca la prestación del ingreso mínimo vital entre los meses de junio y diciembre de 2020 y, habiendo solicitado una beca de la Administración General del Estado para cursar estudios postobligatorios no la obtengan por superar los umbrales de renta y patrimonio. La situación socioeconómica provocada por la COVID-19 justifica la adopción de medidas para fomentar el acceso a la enseñanza superior pública.

En cuanto al régimen de financiación del ingreso mínimo vital durante 2020, se señala que se dotarán, mediante modificación presupuestaria, los créditos presupuestarios que resulten adecuados para la financiación del ingreso mínimo vital.el régimen de financiación del ingreso mínimo vital durante 2020, especificando que se dotarán, mediante modificación presupuestaria, los créditos presupuestarios que resulten adecuados para la financiación del ingreso mínimo vital.

DEROGACIONES Y MODIFICACIONES LEGISLATIVAS IMPORTANTES

La disposición final segunda modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para incluir la prestación del ingreso mínimo vital dentro de la relación de créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se consideran ampliables en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden.

La disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, para incluir a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital entre las personas que se encuentran exentas de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria.

Se suprime la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, pues esta prestación se integrará en el ingreso mínimo vital.La disposición final segunda modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para incluir la prestación del ingreso mínimo vital dentro de la relación de créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se consideran ampliables en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden.

Se pretende incentivar la participación de las entidades locales en la iniciación e instrucción del procedimiento del ingreso mínimo vital, posibilitando que los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por estos gastos.

La disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, para incluir a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital entre las personas que se encuentran exentas de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria.