Posición internacional de las Universidades españolas. 

A propósito de las críticas a la Universidad española como consecuencia de los últimos datos del Ranking de Shangai, recuerdo mi entrada del mes de julio. Tenemos unas Universidades más que decentes que han contribuido a que España se mantenga como un Estado democrático, con alto nivel económico y social. Críticas, las aceptamos porque siempre debemos mejorar pero las justas desde instancias y colectivos que tienen mucho que callar en su contribución al desarrollo del país. Un dato final, la Universidad de Harvard tiene un presupuesto equivalente al de agregar los mismos de 40 Universidades españolas

JUAN JOSE RUBIO GUERRERO. In Spain and the Spaniards we trust¡¡¡¡¡

Los ranking de las Universidades a nivel mundial sitúan a España en una posición razonablemente buena.Es verdad que tenemos pocas Universidades excelentes situadas en el top 200, pero estamos muy bien situados en el top500 y el top 1000, lo que significa que tenemos un sistema universitario homogéneo y de una calidad destacable si lo comparamos con países de nuestro entorno. Basten los tres charts que adjunto para entender que no somos tan malos como algunos nos hacen creer

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Estructura del modelo de financiación autonómica. Resumen del informe de la Comisión para la Reforma del SFA

ESTRUCTURA DEL MODELO DE FINANCIACION AUTONOMICA: PROPUESTA DE LA COMISION DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DEL SFA 2017.
El funcionamiento del Sistema vigente de Financiación Autonómica origina diferencias en la financiación por habitante y por habitante ajustado entre las CC.AA de régimen común que no sólo responden a las variables y ponderaciones que en el modelo pretenden captar las diferencias en las necesidades de gasto o en las capacidades fiscales. En él se observan también la sedimentación del criterio del statu quo y el criterio de coste efectivo aplicado en el momento del traspaso de cada competencia y que introducen distorsiones en la financiación y que deberían superarse en una fase madura de la financiación descentralizada. Las diferencias de financiación por habitante son todavía mayores cuando se comparan con las CC.AA de régimen foral, debido a que los mecanismos de cálculo de cupo vasco o del concierto navarro no prevén fórmulas de participación de estos territorios en la solidaridad interterritorial.

El modelo planteado por la Comisión de Expertos se basa en los siguientes elementos y consideraciones fundamentales:
La financiación total de las competencias homogéneas de cada Comunidad Autónoma debería determinarse en función de sus necesidades de gasto y su capacidad fiscal (ingresos normativos por tributos cedidos) de acuerdo con el grado de nivelación que se acuerde políticamente y se canalizaría a través de la estructura de fondos que se propone, una vez que se diluya la cláusula de statu quo en el período de duración del modelo. Por su parte la financiación de las competencias singulares o no homogéneas se canalizaría a través de transferencias específicas no condicionadas.
A efectos de determinar las necesidades, la Comisión propone mantener la estructura básica de la actual fórmula de necesidades de gasto/población ajustada, diferenciando cuatro bloques (sanidad, educación, servicios sociales y resto de servicios regionales) a efectos de mantener su peso en el total y sólo a los efectos del cálculo de las necesidades, sin prejuzgar el uso posterior de los fondos asignados con el fin de garantizar las autonomía de los gobiernos para decidir la composición de su gasto.
La Comisión considera que sería aconsejable introducir o matizar algunas variables nuevas en la fórmula de necesidades de gasto o sustituir algunos de los indicadores actuales por otros que aproximen mejor la demanda de determinados servicios o los diferenciales relevantes de costes unitarios. A titulo de ejemplo, en el caso de educación se plantean dos variables (población de 0 a 18 años y nº estudiantes universitarios en centros públicos). En servicios sociales aconseja dividir la población mayor de 65 años en dos tramos (65-79, 80 o más, ponderados por la probabilidad relativa media de discapacidad). Además se propone medir la pobreza relativa para fijar una variable que recoja la necesidad de estos gastos. En el resto de gastos, se considera la población, incorporando un ajuste por factores geográficos y costes fijos, además de la posibilidad de incorporar factores adicionales de costes diferenciales (nivel de precios y renta por habitante).
En cuanto a la estructura del modelo de financiación propuesto, una vez acordado un determinado equilibrio vertical de partida, el objetivo es simplificar la estructura del sistema, hacerlo más transparente y dotarlo de un criterio explícito de reparto entre CC.AA que se aplicaría sin excepciones, a partir de la desaparición del statu quo.
El núcleo del sistema estaría basado en dos fondos: (i) el Fondo Básico de Financiación (FBF) y (ii) el Fondo de Nivelación Vertical (FNV). Conjuntamente con los recursos tributarios autonómicos no aportados al FBF, estos fondos constituirían la financiación a competencias homogéneas, antes del ejercicio de la capacidad normativa en materia tributaria. Un tercer fondo, el Fondo Complementario de Financiación (FCF) aportaría los recursos para las competencias no homogéneas.
El FBF se nutriría de la recaudación total de los tramos autonómicos del IVA y los Impuestos Especiales que corresponda a cada Comunidad (sobre los que la Comisión propone la capacidad colegiada para fijar los tipos impositivos) y con un porcentaje de los ingresos normativos por el resto de tributos cedidos (coeficiente de aportación al FB), incluyendo el Impuesto sobre Actividades de Juego y Depósitos en Entidades de Crédito y, en su caso, el Impuesto sobre el Patrimonio y las aportaciones de las Comunidades forales. Este fondo se distribuiría en función de la población ajustada. El CAFB determinaría el grado de nivelación del sistema. El alcance de la nivelación depende básicamente del porcentaje de financiación sujeto a nivelación. En el actual modelo este porcentaje sería del 75% y se justifica por el peso de los servicios públicos fundamentales en el gasto autonómico. Nada impide que se pudiese llegar al 100% si se desea una nivelación plena de todos los servicios, pero esta es una decisión política que debe conjugar cuestiones de eficiencia económica y equidad.
El FNV se dotaría por parte del Estado y se distribuiría entre las Comunidades Autónomas con el objeto de reducir las diferencias en financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas (una fracción igual del diferencial de financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas que exista entre cada Comunidad y la Comunidad con mayor financiación por habitante ajustado tras la aplicación del FBF o de forma inversa a la diferencia) que pudieran subsistir como resultado de la recaudación normativa no aportada al FBF. El reparto del FNV no debería alterar la ordenación de las CCAA ede la financiación por habitante ajustado.
El valor de CAFB debería fijarse de forma que, en el año base del sistema, la suma de las dotaciones totales del FBF y el FNV permita, al menos, la nivelación total del gasto en servicios públicos fundamentales, sin que esta restricción de mínimos al grado de nivelación del sistema condicione la composición del gasto de cada Comunidad en aplicación de su autonomía.
Su puesta en marcha se enfrenta al escollo de la eliminación de la cláusula del status quo, al que se oponen, en voto particular, un conjunto de CC.AA (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y La Rioja). La Comisión reconoce las dificultades políticas para suprimirla y recomienda que en el año base del nuevo modelo ninguna Comunidad pierda recursos en términos absolutos respecto a lo obtenido con el modelo anterior.La Comisión, reconociendo la complejidad del tema, aconseja que la absorción de las diferencias de financiación derivadas del statu quo se haga de forma progresiva y dentro del período de vigencia del nuevo modelo, dejando su concreción para la negociación política en el seno del CPFF.

En términos dinámicos, la Comisión plantea sustituir el actual ITE por un Índice de Evolución de la Aportación Estatal (IEAE), calculado como promedio del ITE y del PIB nominal.
Con este diseño se pretende simplificar el sistema, hacerlo más transparente y dotarlo de un criterio explícito de nivelación que se aplicaría sin excepciones, una vez desaparecida la cláusula de statu quo.
La transitoriedad del statu quo y los criterios de necesidad establecidos a través de la población ajustada permitirían un criterio de nivelación transparente, permitiendo a las Comunidades con mayor capacidad fiscal obtener recursos adicionales en función del porcentaje que se establezca sobre los recursos normativos, excluidos el IVA y los Impuestos Especiales que no se aportan al FBF.
Un problema de gran relevancia en el funcionamiento del modelo ha sido el sistema de Entregas a Cuenta ya que aísla a las CC.AA del comportamiento cíclico de los ingresos lo que impide que la información sobre la realidad presupuestaria llegue a los gestores, limitando la adopción de medidas de ajuste cuando los ingresos tributarios se reducen y creando falsas expectativas de ingresos estables en fases de expansión económica. Para adecuar las EC a la realidad recaudatoria, La Comisión propone, como alternativa principal, calcular mensualmente las EC de los tres fondos, introduciendo cada mes los datos de recaudación del IVA, Impuestos Especiales e IRPF.
La lógica del sistema planteado mejora la transparencia del sistema y supone una línea de clarificación sobre la nivelación horizontal, posibilitando la corresponsabilidad fiscal y los recursos derivados de la mayor capacidad fiscal. Queda sin determinar cuestiones importantes, aunque se abordan, como es el equilibrio vertical, la determinación de la restricción financiera inicial y la contribución de las Comunidades forales a los mecanismos de nivelación, que, aunque perfiladas en sus propuestas, quedan al albur de las decisiones políticas.
Se propone una gestión integrada del sistema tributario y otros aspectos técnicos que favorecen la cooperación y coordinación interadministrativa.

Resumen de las propuestas de la Comisión para la Reforma de la financiación local en España

Hoy se ha presentado a la Vicepresidenta del Gobierno y al Ministro de Hacienda el informe para la reforma de la financiación local elevado por la Comisión constituida al efecto el pasado mes de febrero. A continuación, se comentan los aspectos más relevantes recogidos en el documento.

La Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local en el transcurso de su trabajo ha analizado la normativa y articulación actual y el funcionamiento efectivo de la hacienda local en España y ha tenido ocasión de conocer de primera mano los puntos de vista de las distintas instituciones concernidas en el ámbito local.

El seguimiento de la estructura y evolución de la actividad financiera y presupuestaria de la Administración Local presenta cierta complejidad, dada su variada composición provincial asimétrica, insular y local y el tamaño de su planta municipal, con un número elevado de pequeños municipios (6.814 tienen menos de 5 mil habitantes), además de contar con una organización empresarial dependiente de dichas Entidades numerosa.

En este contexto, la Comisión entiende que las medidas de reforma propuestas han de contemplar la fragmentación y complejidad local y deberían contribuir a incentivar la colaboración y, en su caso, integración de Entidades para favorecer una gestión pública más eficaz que permita aprovechar mejor las economías de escala existentes en la provisión de bienes y servicios públicos locales, con el objeto de satisfacer eficientemente las necesidades de los ciudadanos en su ámbito competencial.

La dimensión comparada de la hacienda local española es menor que la de nuestro entorno (6% del PIB en 2015 frente al 11,1% en UE), incluso respecto de los países que cuentan con un nivel regional de gobierno más desarrollado. Su estructura de gasto está más orientada a las funciones tradicionales, manteniendo un peso relativo menor en las prestaciones características del Estado de Bienestar (0,8% del PIB en protección social, sanidad y educación, frente al 6,1% en la UE). Por el lado de los ingresos, el peso relativo de los impuestos en su financiación es más importante que la media europea (52,9% frente al 38,1%) y le otorga una mayor autonomía fiscal. Cuentan, además, con un mayor superávit fiscal y un menor nivel de endeudamiento gracias a que en los últimos años han realizado un elevado esfuerzo en la disciplina fiscal.

En definitiva, sus gastos e ingresos resultan más acordes, en términos comparados, con una hacienda local más clásica, de menor dimensión, basada en impuestos sobre la propiedad y cuya estructura de gasto está orientada hacia funciones tradicionales, Estas características son consecuencia, en gran parte, de su pequeño tamaño relativo y de la presencia de un nivel intermedio de gobierno con un protagonismo muy importante en las principales políticas sociales.

Los datos económicos más recientes refuerzan esa situación globalmente saneada de la hacienda local, con un superávit fiscal superior a los 7 mil millones de euros en 2016 que ha permitido reducir los niveles de endeudamiento local, convergiendo en sus ingresos con los del conjunto de las Administraciones Públicas y en línea con la evolución del gasto. Este balance financiero globalmente positivo oculta, sin embargo, algunos problemas importantes que afectan específicamente a algunas Entidades locales, detectándose problemas de sostenibilidad fiscal en cerca de 800 ayuntamientos, especialmente medianos y pequeños. En el caso de las Entidades locales saneadas se detectan algunos problemas derivados de las rigideces generadas por la aplicación estricta de la actual regla de gasto que la Comisión considera que deberían ser subsanadas, permitiendo simultanear la necesaria estabilidad presupuestaria con circunstancias específicas que doten de una mayor racionalidad a la normativa actual

La Comisión considera que, al margen de la situación financiera positiva, el modelo de financiación local precisa de una revisión en profundidad de sus pilares claves para garantizar una adecuada suficiencia financiera, acorde con las necesidades de un nivel de gobierno llamado a desempeñar un papel relevante en la provisión de servicios públicos a los ciudadanos. En este sentido, y de acuerdo con los principios teóricos para el diseño óptimo de una hacienda local moderna, el sistema debe garantizar de forma prioritaria la suficiencia y la estabilidad de los recursos disponibles, combinando adecuadamente un sistema impositivo eficiente y justo, a través de su vínculo con las competencias desarrolladas, transparente, fácilmente gestionable y que proporcione seguridad jurídica en su interpretación, garantizando así los derechos de los contribuyentes y de las instituciones, con la articulación de un sistema de transferencias del Estado y de las Comunidades Autónomas que complemente los recursos aportados directamente por los contribuyentes.

La Comisión propone diferenciar entre tres tipos de municipios a la hora de diseñar el sistema de financiación: (i) en el caso de Madrid y Barcelona la Comisión considera que su financiación debería recogerse en sus propias Cartas de Autonomía Local; (ii) municipios de más de 20.000 habitantes, con mayor autonomía y (iii) municipios de menos de 20.000 habitantes.

Desde la perspectiva fiscal se requiere un sistema tributario local que clarifique y refuerce, por un lado, los recursos obtenidos por tasas y precios públicos y revise y potencie las fuentes impositivas locales tradicionales, estableciendo la posibilidad de reforzarlas opcionalmente con recargos municipales sobre el IRPF en Municipios por encima de 20.000 habitantes. Partiendo de la hegemonía en la imposición local del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con una amplia base de contribuyentes, se opta por mejorar la homogeneidad temporal en la determinación de las bases fiscales y reforzar técnicamente su diseño. Junto al IBI se apuesta por una reforma del Impuesto sobre las Actividades Económicas para extender y completar las actividades gravadas independientemente de la fórmula jurídica escogida para desarrollar dichas actividades y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, incorporando el componente patrimonial y ecológico, asociado a la antigüedad y a las emisiones del parque automovilístico en la determinación de su cuantía. En todos los casos se trata de evitar la complejidad en su gestión y localización estratégica derivada de la competencia fiscal,.a través del establecimiento de cuotas provinciales y nacionales.

Junto a estos impuestos obligatorios se trata de reforzar las potencialidades de los impuestos optativos, de amplia implantación, como es el caso del ICIO y de un nuevo Impuesto de Plusvalía Municipal, con el fin de delimitarlos adecuadamente y establecer una clarificación de los hechos imponibles y la determinación de la base imponible. La Comisión propone, asimismo, el establecimiento de un nuevo Impuesto sobre Estancias Turísticas al considerar que dicha actividad constituye un signo inequívoco de capacidad económica adecuado para facilitar la financiación de los servicios públicos lo cales utilizados.

El diseño de un sistema adecuado de transferencias ha constituido un punto de reflexión central por parte de la Comisión. El actual sistema de transferencias incondicionales del Estado, diferenciando entre Municipios y Diputaciones acogidos al régimen de cesión y un sistema de participación en ingresos del Estado (PIE), no ha dado los resultados deseables. En el caso de los Municipios de régimen de cesión, la compartición de impuestos estatales (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) ha provocado algunas disfuncionalidades que sería conveniente rectificar, penalizando en exceso a las localidades que han aumentado su población.

A partir de esta constatación, la Comisión propone articular un sistema de participación en ingresos del Estado (PIE), integrado por las transferencias actuales y la cesión de tributos, repartido en función de criterios de necesidad y capacidad fiscal con objetivos niveladores, a través de variables actualizables periódicamente, en función del tamaño de los municipios (más o menos de 20.000 habitantes).

Junto con la regulación de transferencias incondicionales se propone una revisión en la cuantía y fórmulas de reparto de la financiación específica del transporte urbano.

En el caso de las Diputaciones la Comisión reconoce su papel relevante en la articulación territorial, especialmente a través de la prestación de servicios y asesoramiento en las pequeñas localidades. En este sentido considera la necesidad de orientar su actuación al ámbito local como “municipio de municipios” en aquellas localidades menores de 20.000 habitantes y de forma especial en las de menor tamaño. Acorde con este cometido, su financiación a través de transferencias incondicionadas (PIE) debería de tener en cuenta variables de población y número de este tipo de municipios, complementadas con otras variables poblacionales y geográficas que recojan adecuadamente sus necesidades. Al igual que en el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, la Comisión considera conveniente permitir la posibilidad de establecer recargos en la cuota estatal del IRPF de los ciudadanos que residan en localidades de menos de 20.000 habitantes.

La Comisión constata el escaso desarrollo actual de las PICAs y establece espacios que permitan su mayor utilización.

Finalmente, la Comisión realiza distintas propuestas encaminadas a mejorar la transparencia para facilitar una gestión económica local eficiente, la cooperación interadministrativa y la clarificación de procedimientos para garantizar una mayor seguridad jurídica y reducir la litigiosidad.

En definitiva, el conjunto de propuestas realizadas por la Comisión están orientadas a potenciar las posibilidades de desarrollo de una hacienda local más moderna, más eficiente y más autónoma, garantizando a la vez criterios de distribución de recursos más equitativos en términos verticales y horizontales que permitan la suficiencia dinámica.
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Resumen del informe del FMI sobre la economía española

Spain’s economic recovery remains strong, with consumption, investment, and net exports all contributing to a more balanced growth pattern. A shift in resources toward Spain’s competitive export sector, with the services sector creating most new jobs, has played an important part in the rebound. Banking sector balance sheets are stronger, private sector debt is coming down, and credit availability is improving. As the recovery is maturing, it is time to tackle the remaining vulnerabilities related to elevated public debt and complete the still-ongoing post-crisis banking sector adjustment. At the same time, reducing structural unemployment and fostering productivity growth remain priorities. Without farther determined progress on structural reforms and rebuilding of fiscal buffers, the economy would remain vulnerable to shocks and risk leaving some segments of the population behind.

La trampa de la presión fiscal

Últimamente estamos asistiendo a un constante bombardeo de mensajes que transmiten la idea de que la presión fiscal en España, especialmente en el IRPF, es baja respecto a la media de la UE. Pero hay que matizar esta media verdad. Es cierto que, en estos momentos, tenemos un ratio recaudación de IRPF en relación al PIB inferior, pero conviene  ser cautos en el diagnóstico para no equivocar las posibles soluciones.  En España tenemos un sistema fiscal altamente progresivo por el juego de un conjunto de elementos tributarios ( mínimos exentos, beneficios fiscales, reducciones diversas),  además de la propia tarifa,  que hacen que, en fases de depresión del ciclo, la caída de la recaudación sea superior a la del PIB, como ha ocurrido en el pasado reciente y, en fases de expasión, en la que nos encontramos, la recuperación de la recaudación sea sustancialmente mayor que el PIB,  al crecer más que proporcionalmente la renta imponible debido al incremento en  los rendimientos gravables y en el número de personas que trabajan. En consecuencia, en fases depresivas del ciclo, la presión fiscal se reduce y en fases expansivas aumenta dado que, en términos dinámicos, el numerador del ratio crece más rápidamente que el denominador. Corolario: Dejemos a la propia economía que, en su proyección  de crecimiento, haga converger la presión fiscal con la media europea y no caigamos en la trampa de proponer aumentos normativos de los impuestos individuales de manera artificial para aumentar la presión fiscal porque habremos equivocado el diagnóstico y, probablemente, estemos contribuyendo a frenar la recuperación al mismo tiempo que colaboramos de manera irresponsable en reducir la presión fiscal que pretendíamos corregir y hacer converger con la media de la UE.