Los deberes de un futuro nuevo gobierno en España

GENDER PAY GAP IN OCDE COUNTRIES

En el día de la mujer, conviene poner en contexto uno de los fundamentos de la igualdad de género como es la diferencia salarial en condiciones similares, aunque hay otras variables a considerar como, por ejemplo, las facilidades de acceso al mercado de trabajo.

Objetivos de una reforma impositiva en España.

En un post anterior, expresaba que la reforma tributaria que se nos anuncia ha de contemplar el sistema tributario en su conjunto, y debe fundamentarse en el fomento de la neutralidad, la simplicidad, el crecimiento económico, y proporcionar la recaudación suficiente, contribuyendo al desarrollo económico y la equidad en un Estado social y democrático de derecho. Abundando en estos objetivos, y tratando de explicar los principios impositivos que deben soportar una reforma fiscal integral, los pasamos a comentar:

La eficiencia económica, entendida sobre todo como neutralidad. En la tradición hacendística clásica, un sistema fiscal es eficiente si evita, en lo posible, el dirigismo impositivo, reduciendo al máximo las interferencias que produce sobre los comportamientos estratégicos de los agentes económicos. Esto es, la eficiencia económica exige que los individuos adopten sus decisiones, por razones estrictamente de costes y productividad/rentabilidad económica, y no por razones de naturaleza fiscal. Dicho esto, es casi imposible diseñar sistemas fiscales absolutamente neutrales bajo este concepto teórico, e incluso indeseable. Sin embargo, la inviabilidad operativa de diseñar impuestos absolutamente neutrales no debe interpretarse como patente de corso a favor de las distorsiones impositivas. Los  costes de la imposición se originan tanto por un mal diseño de los elementos estructurales de los impuestos como por la intensidad de la respuesta del contribuyente al sistema fiscal.

 

Un segundo principio que alcanza relevancia a nivel internacional en los últimos años es el de equidad horizontal, que se centra en evitar tratamientos distintos en función de las diferentes fuentes de renta. No obstante,  en la última década del siglo XX los fenómenos de globalización y la competencia fiscal internacional, desarrollada al calor imparable de los enormes avances asociados a la tecnología informática, la digitalización de la sociedad y su conexión con los servicios financieros, ha provocado un proceso de deslocalización del capital, y una enorme volatilidad en sus movimientos financieros internacionales, por lo que se ha generalizado un tratamiento fiscal favorable a las rentas del capital, con el fin de atraer y/o mantener capitales en el propio territorio. Actuaciones de organizaciones internacionales, como la OCDE o la Unión Europea, están tratando de ordenar este proceso de desfiscalización del capital, a través del desarrollo de fórmulas de control e intercambio de información, que permitan reconstruir una fiscalidad razonable de las rentas del capital a nivel internacional, así como una tributación mínima global en el ámbito de la fiscalidad societaria (estrategia BEPS).

La sencillez en su aplicación. Es decir que sea fácil su administración, bien entendido que los costes de aplicación de cualquier sistema fiscal debe juzgarse no sólo según los costes de gestión y administración de las Agencias Tributarias, sino también según los costes incurridos por los contribuyentes con el fin de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Actualmente, si bien la progresividad ha podido perder algo del protagonismo que gozaba antes de la crisis económica, es importante considerar que el sistema impositivo ha de ser equitativo, también, desde el punto de vista de la equidad vertical. Se trataría de buscar objetivos adecuados de progresividad del sistema impositivo en conjunto y tratar de evitar fuertes niveles de progresividad fiscal formal que puedan incidir de forma negativa sobre comportamientos económicos estratégicos fundamentales como la oferta de trabajo, el ahorro, la inversión o la asunción de riesgos empresariales, que inciden sobre el crecimiento económico y la recaudación fiscal. En el mundo actual cada vez tiene un papel más destacado la libertad, en cuanto a la localización geográfica y a la circulación de capitales y personas. De ahí que se deba tener muy en cuenta en las recomendaciones de reforma, que no se sobrepasen los límites de la tributación marcados por las tendencias que se sigan en general en la Unión Europea. Es importante subrayar, no obstante, que, si el sistema tributario resultase menos progresivo, como consecuencia de la internacionalización de la economía, ha de compensarse con la implementación de políticas redistributivas o de carácter social a través de la vertiente del gasto público. Resulta capital para la incardinación de un sistema fiscal estructurado en diferentes niveles territoriales, una adecuada distribución de las figuras tributarias entre ellos, y una exquisita coordinación de las administraciones territoriales para evitar solapamientos (dobles imposiciones) o lagunas en las fuentes tributarias a repartir entre ellas. En consecuencia, la articulación de un modelo estable de financiación regional y local es fundamental para un diseño ajustado de reforma fiscal integral.

Un criterio de máxima relevancia en la actualidad, es la facilidad con que pueda adaptarse al sistema existente de relaciones y acuerdos internacionales de tipo económico y financiero, considerando las restricciones en cuanto a los Tratados y Convenios Internacionales suscritos, y las revisiones de conceptos básicos (residencia, beneficiario efectivo,…) en la operativa contemporánea de la tributación internacional.

Finalmente, pero no en último lugar, son importantes las restricciones relativas a la estabilidad presupuestaria. España va enfrentarse a un complicado y difícil proceso de consolidación fiscal, por cuanto el déficit y la deuda de las cuentas de las Administraciones públicas, está alcanzando niveles sin precedentes, debido a la pandemia y sus consecuencias económicas, que van a poner en gravísimo peligro nuestra independencia financiera y en riesgo considerable la estabilidad de la unión económica europea. Ese proceso de consolidación fiscal es, en estos momentos, una incógnita que debe despejarse, como condición previa a cualquier acción estratégica sobre los ingresos públicos, a través de una revisión integral de las políticas de gasto público aplicadas y su eficacia en la consecución de los objetivos prefijados.

Medidas tributarias 2021: como engarzar el corto y medio plazo

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LA DESPOBLACION EN ESPAÑA: ALGUNAS PROPUESTAS PARA SU SOLUCION

Uno de los grandes problemas estructurales que debe afrontar el nuevo gobierno de España en esta legislatura es la despoblación de grandes zonas del territorio español como consecuencia de profundos procesos de migración internas en busca de nuevas y mejores  oportunidades laborales y la búsqueda de mejores servicios públicos en cantidad y calidad. La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975: se ha pasado de un país con 34,2 millones de habitantes a otro de alrededor de 46,9 millones, pero este aumento de la población se ha distribuido de forma desigual por zonas geográficas. Durante estos años, en los que el país ha sufrido una revolución económica, amplias regiones del país se han visto afectadas por movimientos migratorios de gran calado desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades.  Como ejemplo, provincias como Soria han visto como su población se reducía en este periodo más de un 23%, según las cifras de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que otras como Madrid han crecido un 73% impulsadas por el crecimiento de la capital y las ciudades dormitorios que la rodean.

Con  este contexto, resulta fundamental la realización de estudios  para la adecuada zonificación de la España despoblada a efectos de una mejor prestación  de los servicios públicos ajustada  a las necesidades diferentes y específicas de los habitantes de estos territorios, con mapas de servicios (especialmente accesibilidad, no solo disponibilidad) y relaciones con el resto del país. Como ejemplo, baste comentar que en alguna comunidad autónoma es necesario desplazamientos de hasta 200 km para recibir servicios médicos especializados como radiología oncologíca. Esta zonificación es urgente y debe hacerse desde un planteamiento metodológico riguroso, con un objetivo de comarcalizacion de servicios públicos, reduciendo  los costes económicos,  viarios y de desplazamiento a los centros de referencia o capitales comarcarles.

En esta línea, es básico realizar estudios de los efectos positivos que las actividades que se desarrollan en la ultraperiferia demográfica española generan para el conjunto de la sociedad y que es prioritario conservar y, en la medida de lo posible, aumentar. Así como del coste de la paulatina desaparición de esta benéfica capacidad del mundo rural como consecuencia del despoblamiento, lo que llamaríamos externalidades positivas del mundo rural. A modo de ejemplo, el mantenimiento de la masa boscosa como factor ecológico y de calidad medioambiental que beneficia al conjunto del país y que depende dramáticamente del anclaje de la población al territorio rural.

Para conseguir una planificación regional adecuada que permita revertir este proceso insano para la estabilidad económica y social a largo plazo resulta imprescindible Implicar a las instituciones competentes en nuestro país para la creación de una cultura de planificación territorial y de evaluación de políticas territoriales rigurosa y basada en datos y conocimiento con una colaboración de todas las administraciones afectadas: estatal, autonómicas y locales.

Es necesario que la despoblación se incorpore como un criterio a la hora de distribuir fondos a escala europea, nacional y autonómica. Es necesario también que en su programación operativa y en su gestión participen particularmente las entidades locales, para fortalecer en la práctica el principio de subsidiariedad y garantizar su aplicación con criterios efectivos de equilibrio territorial.

En este sentido, la Universidad tiene un papel central en el diagnóstico de la situación, el diseño de una estrategia integral e integrada de medidas a diferentes niveles sectoriales para tratar un tema complejo y con múltiples factores (p.e, envejecimiento, cobertura sanitaria, tratamiento de la dependencia, prestaciones sanitarias y educativas, etc) y evaluar  el coste beneficio de acciones y políticas adecuadas al conjunto de la población beneficiaría , desde la necesidad de un enfoque integrado para afrontar este reto, incorporando en los análisis intangibles como la pérdida de valor social, material y cohesión territorial que ello conlleva, además de la pérdida de oportunidades para las generaciones futuras.

Como elemento previo, debería realizarse un estudio de los costes para el sostenimiento de los servicios públicos locales en poblaciones de reducido tamaño, zonas de baja densidad, envejecidas o con núcleos dispersos, a efectos de su consideración en la financiación local con cargo a los tributos del Estado y de cada Comunidad Autónoma. Este estudio debe tener en cuenta tanto los servicios obligatorios por tamaño demográfico, como aquellos no obligatorios pero esenciales que están siendo prestados desde los municipios y las diputaciones.

En definitiva, es necesario perfilar una iniciativa nacional para, en alianza con otros Estados Miembros de la UE y con redes y asociaciones civiles europeas,   plantear los necesarios cambios que faciliten la adopción de políticas de desarrollo territorial basadas en una discriminación positiva, de carácter presupuestario, fiscal, administrativa o de otra naturaleza, que sean, compatibles con el Artículo 107 del TFUE.

 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS TENDENTES A REVERTIR EL DESPOBLAMIENTO.

Con el fin de ordenar las propuestas y siguiendo diferentes informes de la FEMP y otras entidades como la red de Areas Escasamente Pobladas del Europa (Southern Sparsely Populated Areas, SSPA), vamos a tratar de proponer una reformulación de las actuales políticas de reequilibrio y cohesión territorial ordenándolas en cinco pilares básicos:

• Financiación y coordinación administrativa.
• Actividad económica y desarrollo industrial
• Infraestructura y transporte. Vivienda
• Servicios Básicos a la población. Educación. Sanidad y Servicios Sociales
• Telecomunicaciones y Digitalización rural.
• Demografía, ocio e identidad rural.

a. Financiación y coordinación administrativa

a.1. acciones a nivel nacional.

Como acabamos de comentar, el elemento fundamental para enfocar de forma integral el problema a nivel nacional consiste en diseñar y poner en marcha una Estrategia Estatal contra la Despoblación. Dicha Estrategia Estatal debe, como objetivo, desarrollar una política integral que, en los casos territoriales más extremos, debería desplegar políticas activas de repoblación.

En todo caso, a la hora de decidir las medidas a aplicar, tanto a nivel estatal-marco como a nivel autonómico y local, resulta fundamental definir con claridad a quién corresponde la competencia (sea única o compartida) y, por tanto, establecer el compromiso por parte de esos agentes a poner en marcha dichas acciones. Se trata de evitar los conflictos competenciales tan comunes en nuestra organización político-administrativa. En consecuencia, es preciso elaborar un mapa de las zonas de prioridad demográfica y unidades funcionales demográficas.

Deberán definirse las zonas de prioridad demográfica, a partir de criterios objetivos de cálculo que establezcan los ámbitos de aplicación de los paquetes de medidas y el grado de cobertura según la realidad de cada zona (p.ej. zonas de riesgo extremo, zonas de riesgo alto y zonas de riesgo medio). Estos criterios de cálculo se fijarían atendiendo a la combinación de factores de densidad demográfica, dispersión de entidades locales. envejecimiento, natalidad y pérdida de población.

Esta dinámica obligaría a incorporar de forma explícita en los presupuestos de cada ejercicio de todas las Administraciones Públicas una estrategia demográfica, en la que se identifiquen los objetivos anuales en esta materia, los medios y recursos disponibles para alcanzarlos, así como una evaluación de la gestión y resultados del ejercicio anterior. También, anualmente se presentaría un informe de ejecución presupuestaria para cada línea de acción aprobada y una evaluación de sus efectos socioeconómicos en las zonas de aplicación-

Asimismo, se debería considerar, en los presupuestos estatales, autonómicos y locales, un programa de incentivos adicionales a los actualmente existentes para promover la implantación de actividades económicas, con elevada creación de empleo, relacionadas con los recursos, la tradición o el entorno económico de las zonas de prioridad demográfica.

En esta dinámica  de gestión pública territorial, y como ya lo apunto la Comisión Oficial para la Revisión del Sistema de Financiación Local (2017), es preciso reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares,  a un doble nivel:

(i)                  como entidades de referencia y liderazgo en las políticas de sostenimiento de municipios y entidades locales menores, atención a la población rural y representación de las entidades locales. y

(ii)                 Intensificar la orientación de las políticas de las Diputaciones hacia la corrección de desequilibrios demográficos en su ámbito territorial, mediante la garantía de los servicios públicos de competencia local y el fomento del desarrollo económico y social de carácter endógeno. Como ejemplo de esta dinámica se debería promocionar,  desde las Diputaciones, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el refuerzo de los Grupos de Acción Local, para que funcionen como auténticas agencias de desarrollo zonal, como escala esencial para la puesta en marcha de políticas activas, de movilización y atracción de iniciativas en el medio rural.

A pesar de que, en el debate político electoral se ha puesto en cuestión el papel de estas administraciones, estas instituciones desempeñan un papel fundamental en la estructura territorial del Estado. La citada Comisión, al objeto de dotarles de un marco de referencia competencial claro y transparente propuso que estas instituciones se dediquen fundamentalmente al apoyo de Municipios de menos de 20.000 habitantes. Concretamente, los gobiernos provinciales se convertirían en una suerte de “municipios de municipios”, cuya misión será asesorar e incluso ejercer directamente la gestión de servicios públicos en Municipios pequeños incapaces por si mismos de prestarlos bajo mínimas condiciones de eficiencia, causa demostrada en estudios impíricos de diáspora; así como adicionalmente decidir y gestionar los tributos locales en estos ámbitos territoriales, todo ello respetando la autonomía municipal.

 

 Un elementos útil, pero olvidado o no suficientemente desarrollado, es la Ley de Desarrollo Sostenible por su impacto en las políticas de apoyo al medio rural. Por ello es necesario recuperar y potenciar la aplicación de los planes de zona de la Ley de Desarrollo Sostenible. Estos planes de zona pueden ser una escala de análisis y de intervención adecuada (estadísticas, agencias de desarrollo…) para aquellos territorios en los que no exista una delimitación supramunicipal, previa que funcione de forma operativa.

a.2. acciones a nivel europeo.

A nivel europeo resulta necesaria una redefinición de la categoría europea de Zonas Escasa y Muy Escasamente Pobladas que han quedado obsoletas en la actual Política Regional Europea. Es necesario reivindicar la implantación de fondos especiales de inversión con aportaciones europea, estatal y autonómica, complementarios al FEDER, a los territorios azotados por la despoblación.

El desarrollo del argumento poblacional en zonas rurales en la discusión del nuevo Marco de Apoyo Comunitario en los Fondos Europeos deber ser una prioridad, dado el insuficiente peso que tienen en la asignación, así como una coordinación con fondos de máxima sensibilidad en el entorno rural como es la Política Agraria Común. En este sentido, es necesario transmitir, ante el Gobierno de España y las instituciones de la UE, la necesidad de que en los futuros debates sobre la nueva reglamentación de la política de cohesión se promueva un reajuste de criterios, en aras a que la asignación y cofinanciación de fondos comunitarios tengan en cuenta variables demográficas en escalas territoriales adecuadas (las medias provinciales, a menudo, aparecen desvirtuadas por la «bonanza» demográfica de grandes ciudades).

En esta misma linea, y dentro del diseño competencial de las diferentes Administaciones Públicas, sería necesario promover ante la Unión Europea, el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas que la autoridad de gobernanza y gestión de los fondos europeos sea liderada por las entidades locales (Diputaciones provinciales y Ayuntamientos) en las partidas destinadas al medio rural, y compartida en el resto de líneas sectoriales cofinanciadas por la UE. Todo ello para garantizar sus objetivos de convergencia y cohesión territorial, y evitar procesos de centralización.

a.3. gestión y administración publica

Desde una un nivel más de gestión, resulta necesario una simplificación administrativa y burocrática, y de revisión legislativa, para erradicar los frenos existentes en estos momentos para el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas que contribuyen a la reactivación del medio rural, así como potenciar la creación de incentivos económicos y de carrera profesional para los empleados públicos que fijen su residencia habitual en el municipio o zona rural en la que presten servicio.

Se trata de reducir las cargas administrativas para la puesta en marcha de nuevos negocios o actividades productivas, impulsando servicios oficiales de proximidad a modo de ventanilla única y asesoramiento.

 

A un nivel más operativo, serían relevantes medidas como:

• Incorporar al procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, reglamentos de carácter general, y otros instrumentos normativos, incluyendo las ordenanzas y reglamentos locales de carácter general, así como al conjunto de los instrumentos de planificación de la Administración, un informe ex -ante sobre el impacto demográfico.
• Revisar el modelo de financiación autonómica con el fin de incorporar dentro de las variables que sirven para ajustar la población con el fin de repartir el Fondo de Garantia de Servicios Publicos Fundamentales factores como la despoblación por lo que supone de incremento de los costes fijos en la prestación de servicios públicos fundamentales.
• Revisar el modelo de financiación de las entidades locales en aras a que se reajuste el criterio de reparto para que los municipios y entidades locales menores que sufren la despoblación no salgan perjudicados –como ocurre ahora– por tener pocos habitantes, sino primados para garantizar su suficiencia financiera, facilitando recurso financieros adicionales a los pequeños municipios a través de fondo de solidaridad municipal.

En consecuencia, una revisión de participación de los municipios en los ingresos del Estado debería incorporar una variable inversa a la población que tuviese en cuenta la despoblación. Asi mismo, sería preciso redefinir el concepto de “población vinculada” a los municipios con un mínimo periodo de residencia anual, que sirva para evaluar y cuantificar el coste del acceso a todos los servicios locales tanto de los residentes como de la población temporal. En definitiva, se trata de reforzar la financiación estatal y autonómica de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para que pongan en marcha nuevos planes de empleo local en obras y servicios de interés público, y refuercen los ya existentes, llevados a cabo en coordinación con los municipios y adaptados a sus demandas y necesidades.

• Abrir una línea de financiación estatal de acciones socioeconómicas vinculadas contra la despoblación, dotada de un fondo propio con el que financiar tanto incentivos sociales como inversiones públicas y privadas en zonas de prioridad demográfica. En este sentido, la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica planteó la necesidad de reformular el papel y dimensión del Fondo de Compensación Interterritorial en cuyo reparto debería tener cabida el argumento de despoblación.
• Con carácter general, todas aquellas líneas de subvención existentes en cada Comunidad Autónoma deberían ser impulsadas específicamente cuando los beneficiarios sean residentes en zonas de prioridad demográfica.

 

b. Actividad Económica y Desarrollo Industrial

 

Dentro del marco de una política integral de lucha contra la despoblación como variable estratégica situariamos la articulación políticas públicas y de Fiscalidad que favorezcan  a aquellas personas y a aquellos territorios que opten por desarrollar sus actividades económicas y sus proyectos de vida en la denominada  España “vaciada”. Consideramos que es el canal por el que más rápidamente pueden fluir los cambios, a pesar de las dificultades que entraña su puesta en práctica, o de las reticencias que pueda suscitar. Con esta perspectiva, un conjunto de acciones de naturaleza estratégica sería:

 

b.1. medidas de carácter fiscal.

 

• Aplicar bonificaciones/deducciones especiales en impuestos que inciden sobre actividades profesionales y empresariales, así como establecer subvenciones a la contratación y aplicar bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, para quienes desarrollen su actividad y tengan su residencia habitual en zonas de prioridad demográfica y, con carácter general, en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes.

En este sentido, podrían replicarse los esquemas de bonificación que, por razones geoestratégicas y de ultraperiferia, se aplican en Canarias (con la Zona Económica de Canarias y su régimen fiscal especial), Ceuta o Melilla tanto a nivel tributario como de cotizaciones sociales. En concreto, para Ceuta y Melilla se reconoce, en el Impuestos de Sociedades, una bonificación del 50%, la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas obtenidas en Ceuta o Melilla por entidades que operen efectiva y materialmente en dichos territorios y han de tratarse de actividades que determinen en dichos territorios el cierre de un ciclo mercantil con resultados económicos. Con algunas particularidades y condiciones, este tipo de beneficios fiscales serían aplicables a zonas de prioridad demográfica. Asimismo, cualquier impuesto de naturaleza empresarial podría ser objeto de exención, bonificación o deducción, en los términos que se determine, siempre que suponga un compromiso con el desarrollo de zonas de esta naturaleza. A titulo de ejemplo, el Impuesto de transmisiones patrimoniales en la constitución de sociedades, el de Sucesiones y donaciones en la transmisión de empresas asentadas en estas zonas con independencia del parentesco entre causante y causahabiente, el impuesto de actividades económicas por el mero ejercicio de la actividad empresarial en esos territorios, el IBI por los locales comerciales y de negocio que se posean en zonas de prioridad demográfica. Tambien habría que considerar en el Impuesto de Sociedades, la recuperación de la deducción por inversión en actividades económicas desarrollados en estas zonas y vinculadas a la digitalización del medio, inversiones medioambientales y creación de empleo y formación profesional en el medio rural.

• Aplicar bonificaciones/deducciones en el IRPF para los residentes en el medio rural, que incentiven la atracción de nuevos pobladores y que consoliden los censos demográficos ya existentes.

De nuevo, el régimen fiscal de Ceuta y Melilla podria ser un buen indicativo de dirección. Los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla se deducirán el 60% de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla. También aplicarán esta deducción los contribuyentes que mantengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a tres años, en los períodos impositivos iniciados con posterioridad al final de ese plazo, por las rentas obtenidas fuera de dichas ciudades cuando, al menos, una tercera parte del patrimonio neto del contribuyente, determinado conforme a la normativa reguladora del Impuesto sobre el Patrimonio, esté situado en dichas ciudades. La cuantía máxima de las rentas, obtenidas fuera de dichas ciudades, que puede acogerse a esta deducción será el importe neto de los rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidos en dichas ciudades. Este planteamiento resulta muy útil porque permite obtener beneficios fiscales por residencia respecto a activos y rentas obtenidos en otros territorios siempre que aquellas se fije en zonas de prioridad demográfica.

b.2. medidas de fomento institucional de carácter económico, industrial y agrario.

Además de las acciones estrictamente fiscales es necesario adoptar un conjunto de actuaciones tendentes a mejorar el entorno económico y formativo de los agentes que actúen en zonas de especial protección demográfica. Entre ellas destacariamos:

Promover un modelo PAC orientado a la producción de alimentos de calidad, basado en la agricultura territorial y en un modelo social basado en las explotaciones familiares, que tenga entre sus prioridades la incorporación de jóvenes, la investigación y tecnología aplicada al sector agroalimentario para incrementar su productividad y su sostenibilidad, y que favorezca la internacionalización de las empresas agropecuarias locales. Se trata, con estas acciones, de mejorar de la competitividad de la producción agropecuaria y agroindustrial (a pequeña y mediana escala), que permita incrementar el valor añadido del eslabón rural en la cadena de comercialización.

Como complemento necesario, se debe implementar servicios de asesoramiento técnico para favorecer el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias, la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, tanto para dar continuidad a actividades ya existentes como para ampliarlas con la puesta en marcha de nuevas, así como acciones que permitan potenciar el fomento de la cotitularidad de las explotaciones agrarias y reforzar  las líneas de apoyo técnico, formativo y económico para potenciar la efectiva inserción laboral, profesional y empresarial de las mujeres del medio rural.

Dentro de esta linea de incentivo a producciones de calidad y reconocibles, habrá que impulsar sellos de calidad territorial para la producción local (denominaciones de origen selectas), que sean conocidos y reconocidos en la cadena de consumo nacional e internacional, e incentivar la incorporación de esas producciones locales a los establecimientos de distribución (supermercados, grandes superficies…).

• Una acción determinante es el desarrollo y aplicación de planes especiales de apoyo a autónomos y emprendedores del medio rural, para lo cual, las administraciones están obligadas a poner en marcha programas públicos de detección de nuevos yacimientos de empleo y nichos de oportunidades empresariales complementarias o alternativas a las tradicionales en las distintas áreas rurales, a fin de diversificar la economía rural. En este contexto, la creación de fondos público-privados de concesión de avales y créditos blandos específicamente dirigidos a proyectos de emprendimiento en el medio rural y la Implicación de inversores privados y entidades financieras, junto a administraciones públicas, en la dotación de dichos fondos (programa de Business Angels, entidades de capitalriesgo, capital-inversión…) son opciones a considerar

Como complemento a lo anterior, habrá que pensar en medidas orientadas a facilitar el retorno o la búsqueda de oportunidades empresariales o profesionales de jóvenes emprendedores en las áreas rurales, apoyándose en el Fondo Social Europeo.

b.3. medidas sectoriales de fomento a la actividad económica.

Si algo caracteriza al medio rural es la existencia de un pequeño comercio y formas de empleo mixtas donde conviven diferentes formas de trabajo, sin olvidar las especificidades laborales del medio rural. Es po ello que resulta necesario implementar medidas como:

Diseñar líneas de apoyo, incentivo y asesoramiento para recuperar el pequeño comercio en las áreas rurales, que garantiza el derecho de acceso a los alimentos, desde una perspectiva supramunicipal, de forma que se fomente la cobertura de las necesidades de consumo en los distintos municipios, al margen de su tamaño. Conviene, asimismo, recuperar la relación entre comercialización y cercanía con el lugar de producción agropecuaria y de productos locales en general, fomentando el desarrollo de los mercados locales.

• Establecer acciones que permitan garantizar complementos de renta a los activos residentes en el medio rural, favoreciendo su incorporación laboral a planes de empleo en obras y servicios locales y primando a aquellas empresas adjudicatarias de contratos públicos en el medio rural que contraten a activos residentes en dichas zonas.
• En zonas de fuerte presencia del sector forestal, desarrollar planes específicos de apoyo al empleo en este ámbito, con incentivos para el autoempleo, contratación de trabajadores y aprovechamiento de recursos endógenos (apicultura, madera, mueble, micología, resina, piñón…).
• Reforzar las líneas de incentivos a la creación de empresas y empleo en el sector turístico, apoyado en los recursos naturales y patrimoniales de dichos territorios.

 

 

c. Servicios Públicos y sociales. Servicios Básicos a la población. Educación. Sanidad y Servicios Sociales

Desde la perspectiva de los servicios públicos y sociales, es determinante la actuación publica coordinada con fines especificos ambiciosos. Entre ellos destacamos:

• Establecer a nivel normativo una carta de servicios públicos garantizados para los ciudadanos con independencia del lugar de residencia, y evaluar las dificultades de acceso a dicha cartera en el medio rural, con el fin de asegurar unas condiciones equiparables a las del medio urbano

Diseñar, de acuerdo con las CCAA y las Diputaciones, y con la participación del Estado, planes provinciales de cobertura de servicios públicos (Sanidad y Educación como prioritarios) y sociales que garanticen el acceso a dichos servicios por parte de la población rural. El diseño de los modelos exigiría, como ya hemos comentado, una comarcalización en los planes de prestación de servicios públicos con el fin de que respondan a las peculiaridades y necesidades de cada territorio, estableciendo entidades de referencia de referencia para el acceso sencillo a los servicios básicos.

 

Como medida estructural, debería potenciarse la red de recursos asistenciales públicos –tales como residencias de ancianos públicas o incentivos especiales a la apertura de geriátricos privados–, para crear una malla de centros asistenciales descentralizados –infancia, juventud, ancianos, ayuda domiciliaria, residencias, centros de día…– que, además de permitir acercar la prestación de esos servicios a la población rural, suponga también un entramado de centros que contribuyan a acercar el empleo social a esos territorios.

• Potenciar particularmente, en las zonas de prioridad demográfica, aquellos servicios sociales que favorecen la permanencia en el domicilio habitual, con la incorporación de TIC (caso de las prestaciones de ayuda domiciliaria, entre otras, y nuevos mecanismos que puedan definirse a futuro). Para ello resulta fundamental recuperar la dotación de las prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia que optan por los cuidados en el entorno familiar, así como la incorporación a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.

 

Esta dinámica exige un marco presupuestario que permita establecer a medio plazo un objetivo de incremento programado en la financiación a las entidades locales en esta materia, y estudiar el establecimiento de bonificaciones en los impuestos personales para el acceso a estos servicios en las zonas de prioridad demográfica. En particular, es imprescindible reactivar las líneas presupuestarias de la Ley de la Dependencia, para superar los recortes realizados en su aplicación tanto en el marco normativa como de financiación e incorporarlo como argumento en la revisión de los modelos de financiación autonómica y local como pilar fundamental del Estado del bienestar.

 

• Por último, es necesario para atraer población joven a estas zonas:

^o     (i) Garantizar el acceso de la Educación de 0 a 3 años, con medidas específicas en las zonas de prioridad demográfica, incluyendo un programa de subvenciones a las familias para facilitar el acceso en todos los núcleos que no cuenten con este servicio. Se trata de garantizar servicios de guardería de proximidad para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral, y sondear servicios de atención infantil similares a los de ayuda a domicilio para ancianos, en aquellas zonas en las que haya demanda suficiente.

^o     (ii) Desarrollar un plan de acogida e integración a la población inmigrante extranjera –y evaluar los casos concretos de acogida a refugiados– con un programa de subvenciones a las entidades locales que se impliquen, en colaboración con las ONG y con la participación activa de los servicios públicos de la comunidad autónoma respectiva.

En defintiva y más allá de las acciones institucionales y administrativas, toda la dinámica recogida hasta ahora exige el sstablecimiento de fondos presupuestarios anuales para garantizar la prestación de servicios públicos y sociales en el medio rural, incardinados con la estrategia de lucha contra la despoblación. Los presupuestos de las CCAA en gasto social deberían establecer anualmente una evaluación de impacto demográfico y de ubicación en el medio rural, a fin de que los recursos económicos disponibles se gestionen teniendo en cuenta, como uno de los criterios esenciales de gestión, la lucha contra la despoblación

 

d. Infraestructuras, transporte y vivienda.

Uno de los temas centrales en la aproximación, en tiempo real, de los ciudadanos del entrono rural a los centros de prestación de servicios publicos fundamentales. Por ello, el diseño y desarrollo de una red de infraestructuras viarias y de transporte se convierte en un elemento complementario a la comarcalización de los servicios públicos básicos. Para ello es preciso adoptar una serie de acciones estratégicas del siguiente tenor:

d.1. Infaestructuras y transporte.

• Aprobar los Programas Territoriales de Fomento, con dotación presupuestaria, para infraestructuras de toda indole en zonas en las que concurran necesidades especiales de reindustrialización, ya se trate de zonas en declive o en las que proceda fomentar la implantación industrial, contando con la coordinación de las autoridades autonómicas y de las entidades locales en la elaboración y gestión de dichos programas (a financiar entre el Estado y las CCAA, con concurrencia de fondos europeos). En este sentido será necesario establecer las prioridades de inversión plurianual en un marco de presupuetación plurianual, con el concurso de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, a partir de criterios técnicos objetivos.
• Realizar un análisis exhaustivo de estado de la red viaria de la que dependen las áreas rurales, para establecer prioridades y compromisos plurianuales de inversión en mantenimiento, reparación y nuevas infraestructuras.
• configurar un mapa de distancias -espacial y temporal- de acceso a los servicios básicos (sanidad, educación, servicios sociales y comerciales) y a las grandes infraestructuras (autopistas, autovías y ferrocarriles) para establecer un plan de prioridades en la ejecución de nuevas infraestructuras de acceso, concertado entre las AAPP competentes, y ajustar los actuales modelos de transporte público, para adecuarlos a esos mapas de distancia con el fin de garantizar la movilidad de la población, y para adaptarlos a las condiciones reales de la demanda del medio rural corregiendo los déficits de servicios e infraestructuras en estos espacios.
• Establecer objetivos específicos de inversión anual para inversiones en la red viaria, de forma que quede garantizado un porcentaje mínimo en los capítulos presupuestarios que a tal fin aprueba cada Comunidad Autónoma, considerando no solo obra nueva, sino dotaciones para un mantenimiento razonable de la red viaria.
• Implantar programas coordinados Estado/CCAA/diputaciones para la recuperación del patrimonio monumental de las áreas rurales, evitando la actual dispersión de programas inconexos y reforzando las líneas de inversión de conjunto en este apartado.
• Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad de alta calidad, con el objetivo de que todos los hogares y empresas puedan disponer de conectividad con banda ancha de al menos 30 Mbps en todos los municipios. Y que, como mínimo, en un plazo mínimo, todos los municipios de más de 1.000 habitantes tengan conexiones de más de 100 Mbps. Asimismo, en necesario configurar planes de aceleración de la implantación y desarrollo de la administración electrónica y extensión de las TIC en actividades educativas, culturales, empresariales y de ocio
• Garantizar la universalidad del acceso telefónico y la calidad de las conexiones móviles, velando por favorecer el acceso a estos servicios a los colectivos más desfavorecidos en condiciones de igualdad y fomentar la formación digital de la población rural, especialmente de colectivos de jóvenes y emprendedores.
• Instar a las Administraciones Públicas competentes a que, en el menor plazo posible, cumplan con las determinaciones de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en lo que se refiere al derecho a la vida independiente y a la garantía de la movilidad de las personas y a la accesibilidad al transporte, sobre todo en los servicios básicos.

d.2. Vivienda

Otro elemento fundamental en esta estrategía es la política de vivienda. Hay una experiencia internacional tanto a nivel europeo como a nivel mundial en la utilización de instrumentos presupuestarios,  financieros y fiscales para anclar la población al territorio con el fin de de evitar el despoblamiento y la degeneración de espacios fundamentales en el equilibrio económico y social de países desarrollados. Estos instrumentos tienen como fin básico desarrollar políticas de vivienda y demográficas que permitan mantener unos standares de calidad de vida similares a los de las zonas urbana. En esta linea, se inscribe la necesidad de reforzar, y personalizar a las necesidades de cada territorio, las líneas de subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas que sean primeras residencias. Como acciones complementarias debería:

• Impulsarse a nivel autonómico la adaptación de la normativa local de los pequeños municipios a la legislación urbanística vigente.
• Promover, desde las comunidades autónomas, planes municipales de regeneración urbanística para pequeños municipios, incorporando soluciones técnicas y económicas ante casas abandonadas y en situación de ruina.
• Captar  y rehabilitar viviendas vacías y gestionar bolsas de viviendas a nivel provincial a ofertar a aquellos que deseen asentarse en el medio rural, incluso como segunda residencia –estableciendo normas que eviten la especulación en las transmisiones a particulares desde la Administración.
• Elaborar planes específicos de acceso a la vivienda y rehabilitación en las zonas de prioridad demográfica, con una convocatoria adaptada a las necesidades de la población y a las características del medio.

 

e. Demografía, Ocio e identidad cultural.

Desde el punto de vista demográfico y cultural, resulta necesario favorece a través las Administraciones Públicas competentes a establecer ayudas  e incentivo especiales a la natalidad que deberán tener en cuenta las características de los espacios rurales en cuanto a su prioridad demográfica. En particular, se debería explorar, a nivel estatal y autonómico, la apliación de  bonificaciones impositivas especiales para familias con hijos residentes en el medio rural, en zonas de prioridad demográfica. Para ello, se deberán fijar criterios objetivos para poder acceder a estas ayudas (tiempo mínimo de residencia, tiempo de permanencia, umbrales máximos de renta…), a fin de hacerlas socialmente justas y demográficamente eficaces.

Asimismo, se debe favorecer el desarrollo de actividades de ocio y cultura a distancias razonables de los nucleos de población, favoreciendo la instalación de centros de ocio y comerciales que permitan una diversificación y calidad en la oferta de ocio y cultura a partir de ldesarrollo de centros comerciales comarcales de fácil acceso y con transporte y aparcamientos suficientes y seguros.

CONCLUSION

Para concluir este articulo, me permito hacer una serie de consideraciones respecto a la necesidad de un cambio de percepción de la sociedad española en su conjunto respecto a la importancia de desarrollar una política activa de lucha contra la despoblación. En particular, el ciudadano tiene que obtener una mejor información sobre lo que significa la realidad territorial del medio rural. Por ello es imprescindible favorecer, con estrategias territoriales de comunicación, la difusión de esa realidad y de las ventajas competitivas –sociales y económicas de las áreas rurales y poner comunicativamente en valor la lucha contra la despoblación del medio rural como fuente de riqueza patrimonial, económica y medioambiental para el conjunto del país. Para ello, y dada la sensibilidad que los jovenes y colectivos sociales están mostrando por el argumento medio ambiental, conviene promover acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad y los valores del medio rural como forma de salvaguarda de  formas y modos de vida ecológicamente sostenibles, fomentando el tratamiento de esta materia en las aulas, así como sensibilizar a la población en su conjunto

 

 

 

 

 

LOS DEBERES ECONOMICOS DEL NUEVO GOBIERNO

España ha experimentado una recuperación económica equilibrada durante los últimos cuatro años. En 2018, la economía creció a una tasa del 2,4%, principalmente debido a un sector de construcción activo y al aumento del gasto público. Sin embargo, un menor consumo de los hogares y una caída en las inversiones comerciales, junto con problemas estructurales como un presupuesto nacional desequilibrado y un alto déficit fiscal y deuda pública, comienzan a ralentizar la tasa de crecimiento en 2019. Al cierre del 2019, se prevé una nueva desaceleración para la economía española en 2019 y 2020 (2,1% y 1,7%, respectivamente), en medio de la incertidumbre política nacional e internacional , un posible aumento de la presión fiscal, un crecimiento mundial débil y el nuevo aumento del proteccionismo.

Tras el ilegal referéndum catalán de 2017 para lograr la independencia de España y la posterior medida reacción del gobierno central, el año 2018 también se caracterizó por la incertidumbre política en España. De hecho, en junio de 2017, el ex primer ministro Mariano Rajoy perdió un voto de confianza y fue reemplazado por el líder opositor Pedro Sánchez del Partido Socialista, funcionando desde entonces con gobiernos provisionales. Al mismo tiempo, los movimientos nacionalistas y populistas han ido ganando impulso, como lo demuestra la victoria en las elecciones regionales en Andalucía del partido de derecha, Vox. Dinámica que se ha visto confirmada en las dos elecciones generales con la consolidación de estos partidos radicales y que abre una incognita tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y sobre la conformación de un nuevo gobierno en los albores del 2020.

 

El debate sobre la combinación más adecuada de políticas económicas está virando hacia un papel más activo de la política fiscal. La resistencia de las tasas de inflación a converger hacia los objetivos de medio plazo de la política monetaria y el debilitamiento de la actividad y del comercio globales desde comienzos de 2018 han impulsado el debate acerca de la contribución más apropiada que la política monetaria y la política fiscal pueden realizar para la superación de esta situación. Hasta la fecha, la política monetaria ha hecho una aportación decisiva para ayudar a revertir esta dinámica. Sin embargo, el estrechamiento del margen de actuación de esta herramienta de política económica ha dado pie a que se abogue por un uso más activo de la política fiscal, especialmente dada la evidencia de que la capacidad de una expansión presupuestaria para afectar positivamente a la actividad y a los precios es precisamente mayor cuando los tipos de interés se encuentran en las proximidades de su cota inferior. En el caso concreto del área del euro, esto aconseja que los países en una posición fiscal más favorable utilicen el margen disponible para impulsar políticas presupuestarias expansivas, centradas particularmente en proyectos de inversión con un impacto positivo elevado sobre el crecimiento de largo plazo. Sin embargo, existe un amplio consenso en que la prioridad para aquellas otras economías con niveles de deuda elevados, como es el caso de España, debe continuar siendo alcanzar una posición presupuestaria más saneada, de modo que se genere un margen de maniobra mayor para combatir una eventual desaceleración más acusada de la actividad. Por ello, aunque la deuda de las AA.PP española se ha reducido en el 3T19 hasta el 97,8% del PIB, dicha cifra supera en dos décimas la del cierre de 2018 y ampliamente el objetivo fijado para el conjunto del presente ejercicio en el Plan Presupuestario 2020 (95,9%). Por Administraciones, destaca la corrección en las CC.AA., cuya deuda en términos de PIB está en mínimos de cuatro años, si bien existe una elevada divergencia por regiones: mientras que, en Madrid, País Vasco y Canarias, se sitúa en torno al 14% de sus respectivos PIB, en la Comunidad Valenciana supera el 40%.

 

 

 

Por lo que se refiere al mercado de trabajo, la tasa de desempleo en España ha disminuido, pero sigue siendo muy alta con previsiones de una nueva reducción en 2019 y 2020, un 14,7% y un 14,3%.  Otro problema que enfrenta el mercado laboral español es el bajo nivel de población activa en comparación con la fuerza laboral potencial, lo que denota que muchas personas abandonaron la búsqueda de un empleo. Además, España sigue siendo un país con fuertes desigualdades: según los datos de la Oficina de Estadística de España, el 21,6% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (establecido en 8.500 euros por año), y los gastos sociales en el presupuesto público solo representan aproximadamente 17% del PIB, comparado con un promedio de la UE del 20% (Eurostat).

 

La prolongación de la fase expansiva se vería reforzada con la constitución de un gobierno estable que pusiera en práctica políticas orientadas a retomar la consolidación fiscal, favoreciendo así la ampliación del margen de maniobra presupuestaria frente a eventuales situaciones adversas, y que impulsara medidas dirigidas a aumentar el crecimiento a largo plazo. Por un lado, en el ámbito fiscal, la reducción del déficit se ha apoyado, a lo largo de la recuperación, sobre todo en los efectos favorables del ciclo económico y en la disminución de los gastos por intereses, como consecuencia de la disminución de los costes de financiación. Sin embargo, apenas se han producido avances en la corrección del déficit estructural, lo que limita la capacidad de la política fiscal para afrontar un eventual cambio en el ciclo económico. Por otro lado, es preciso retomar la agenda pospuesta en los últimos años de adopción de las reformas necesarias para aumentar la productividad de la economía y su capacidad de creación de empleo.  Reformas estructurales que pasan por dar a las regiones autónomas una mayor estabilidad presupuestaria y financiera a través de un modelo de financiación estable. Otras reformas pendientes incluyen la innovación tecnológica para diversificar la economía española, fomentar mejores condiciones de empleo, un ecosistema mejorado de I+D+i  y programas sociales basados en el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Pero especialmente es necesario centrarse en una adecuada atención a la política manufacturera que permita invertir la dinamica actual del sector que se caracteriza por un fuerte debilitamiento concretado en los siguientes datos : la afiliación crece al menor ritmo desde finales de 2014; la entrada de pedidos cae en el 3T19 un 0,8%, el primer retroceso en tres años; el grado de utilización de la capacidad productiva está en mínimos del último año (79% en el 4T19); el PMI (índice de gestores de compras) de la industria manufacturera se encuentra en niveles contractivos desde junio; la confianza en el sector se sitúa en mínimos de cinco años, y el consumo de energía eléctrica de las grandes empresas industriales viene reduciéndose, de forma ininterrumpida, desde hace casi dos años.

Las diferentes sensibilidades que van a cohabitar en el nuevo gobierno con intereses y opciones presupuestarias, en muchos casos antagónicas, van a hacer muy dificil,aunque no imposible, una equilibrada política presupuestaria que conjugue todos los intereses en juego de los diferentes soportes de la coalición gubernamental. El primer reto respecto a la estabilidad del nuevo gobierno será la presentación de los presupuestos generales del Estado para 2020 y entonces podremos calibrar hasta que punto los intereses de España se alinean con las propuestas económicas del nuevo gobierno.

% de trabajadores con ingresos inferiores a 2/3 del los ingresos medios percibidos. Países. OCDE.

España está en la parte baja de la escala con un 15% de trabajadores en esta situación, lo que parece apuntar que el problema de la desigualdad de rentas y la posible desvertebración social, sin considerar el comportamiento de las rentas medias de un asalariado en España, no se debe tanto a diferencias salariales relevantes como al hecho de estar o no desempleados. Esto confirma que la mejor política social es aquella que permita crear empleo estable y de calidad que ayude a reducir los niveles de desempleo estructural a porcentajes cercanos a nuestros socios de la UE con estructuras económicas y sociales similares.

A vueltas con la reforma fiscal necesaria. Nuevas aportaciones para España

La reforma fiscal necesaria en  Santiago Lago y Alain Cuenca (2019): Sector Público Español: Reto pendientes. Funcas.

 

En este capítulo, escrito en colaboración con la profesora De Pablos de la Universidad Complutense, planteamos las lineas de una reforma fiscal integral en el sistema tributario español. La reforma del sistema impositivo español es uno de los principales temas pendientes al que se enfrentan los sucesivos gobiernos sin que, de momento, se hayan alcanzado los resultados esperados. Actualmente continúa siendo un gran reto que el conjunto de nuestros tributos muestre la capacidad recaudatoria 1 para mantener el actual nivel de nuestro Estado de bienestar y que, además, lo haga con eficiencia, neutralidad, equidad, sin excesiva complejidad, a través de ingresos homologables a los vigentes en países de la Unión que nos son más afines.

Hemos sido testigos de constantes cambios normativos en la regulación de los diferentes impuestos. Estos cambios realmente son fruto de la necesidad de implementar, de forma improvisada, medidas que ayuden en la resolución de los problemas inherentes a las circunstancias económicas, sociales, incluso políticas de cada momento, pero nunca han servido para dar respuesta a las disfunciones reales de nuestro sistema impositivo en conjunto. Es cierto que la Gran Recesión ha tenido una incidencia recaudatoria enorme, particularmente en nuestro país, por lo que probablemente no era el momento más oportuno para abordar una reforma integral del sistema. No obstante, si se quiere un crecimiento económico estable y sostenido a largo plazo generador de empleo de calidad es condición necesaria, dentro del marco de las reformas estructurales que España necesita, abordar, sin dilación, una revisión integral y coordinada de su fiscalidad.

Habida cuenta de la existencia de propuestas reformadoras integrales a nivel nacional e internacional y de que este asunto preocupa notablemente a la Comisión Europea, OCDE, a muchos expertos del ámbito académico, a gobernantes, agentes sociales y sobre todo a los ciudadanos, en este capítulo nos hemos propuesto formular las líneas de reforma básica que deberían seguir nuestros impuestos, reformas que han cumplir una serie de objetivos generales para todo el sistema impositivo.

Tras esta breve introducción, en el epígrafe segundo se hace un repaso de la ordenación de prioridades en los objetivos a cumplir por nuestro sistema tributario a la luz de los principios tributarios que han ido decantándose en los países desarrollados. En el tercer epígrafe revisamos las tendencias de los sistemas impositivos europeos. En el cuarto formulamos propuestas de reforma para cada uno de los principales impuestos vigentes en España. Finalmente, aportamos un breve resumen con las principales conclusiones.

[1] Sobre el irregular y atípico comportamiento de la recaudación del sistema tributario español en el período 2008-2017 y las modificaciones normativas que se adoptaron ad hoc para contrarrestar la dramática pérdida recaudatoria, se recomienda ver Rubio y Álvarez (2018) en esta misma obra.

SE PUEDE DESCARGAR DE LA WEB DE FUNCAS EN LA SECCIÓN DE LIBROS.

 

Nota de Coyuntura. 4T2018. Salario mínimo y costes laborales.

Nota de coyuntura. 4T2018. SALARIO MINIMO y COSTES LABORALES.

No ha habido cambios sustanciales en la dinámica de comportamiento de la economía mundial en el tramo final de 2018. En este trimestre ha proseguido la expansión de la actividad mundial, si bien han ido confirmándose algunas muestras de desaceleración que comentábamos en nota anterior. Asimismo, se observa un comportamiento por áreas geográficas más divergente que al comienzo del año. Esta evolución, según el BdE, estaría reflejando la materialización parcial de algunos de los focos de incertidumbre que vienen acechando a la economía mundial desde el inicio del año, en particular las tensiones comerciales y un cierto endurecimiento de las condiciones financieras globales. La materialización de estas tensiones se ha manifiestan en varios episodios de volatilidad en los mercados financieros, que se han saldado con retrocesos importantes de las cotizaciones bursátiles, con caídas, en torno al 15% de media, no vistas desde el año 2012 por lo que se refiere a la bolsa española.

Para el próximo año, es probable un recrudecimiento de la incidencia de estas dos fuentes de incertidumbre, a las que cabe añadir otras adicionales, en el ámbito europeo, como el devenir de la política presupuestaria en Italia y en Francia debido a las secuelas presupuestarias que puedan derivarse de los episodios turbulentos vividos a partir de la revuelta de los “chalecos amarillos” o los interrogantes en torno a la forma en que se producirá finalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cada vez más acusados a medida que se acerca marzo de 2019 y no hay acuerdo sobre un Brexit amigable. Sin olvidar, las próximas elecciones europeas en mayo y que pueden acarrear cambios sustanciales en la estructura política de la UE. Además, más recientemente, han resurgido las preocupaciones acerca del curso de la economía china, donde han aparecido señales crecientes de debilidad de la actividad a la que no es ajena la guerra comercial subyacente entre USA y China manifestada en la entrada en vigor de fuertes aranceles en el tráfico entre ambos colosos comerciales y que pueden salpicar al resto del mundo. En USA, la guerra comercial con China se ha traducido en un deterioro adicional en la balanza comercial y explica el aumento del déficit por cuenta corriente en el tercer trimestre de 2018. Por el momento, la agresiva política comercial de la administración Trump sigue sin dar los frutos deseados. El leve deterioro de las cuentas externas USA no sorprende, en un contexto de fortaleza del dólar y deterioro de la balanza comercial, especialmente afectada por las citadas tensiones comerciales con China. Los progresos de las conversaciones entre ambas potencias en las últimas semanas de 2018 han permitido relajar los temores de los peores escenarios, al menos, en el corto plazo. En todo caso, los datos comerciales mensuales disponibles reflejan que el deterioro externo en USA se ha extendido al 4T18. Por su parte, la confianza empresarial cerró el año con una nueva decepción, tanto en la UEM, como en las grandes economías. La crisis de los “chalecos amarillos” en Francia y la incapacidad de la industria alemana para recuperase del impacto de la nueva regulación en materia de emisión de gases para los automóviles son los principales factores que explican el deterioro de las expectativas empresariales. En un contexto en el que el endeudamiento de los agentes ha aumentado muy rápidamente en los últimos años, existe el temor de que una hipotética profundización de la desaceleración en la economía china pueda afectar negativamente a la estabilidad de su sistema financiero, cuyo peso gravitacional es de tal envergadura que podría generar un efecto “dominó” a nivel mundial.

En el área del euro, se ha prolongado en el segundo semestre del año la fase de crecimiento más moderado ya observada desde su inicio. En parte, estos desarrollos se deberían al encadenamiento de distintos factores de naturaleza transitoria que comentamos en notas anteriores. El último de ellos habría sido el impacto sobre la industria del automóvil de la introducción de una nueva norma acerca de las emisiones contaminantes de los vehículos y las previsiones a futuro de la implantación del argumento eléctrico en la automoción. No obstante, a nivel más general, parecen afianzarse factores negativos ligados a la pérdida de dinamismo de las exportaciones dirigidas hacia el resto del mundo. Por su parte, el Consejo de Gobierno del BCE decidió en diciembre, al objeto de asegurar que la inflación converja a su objetivo de medio plazo, en torno al 2%, que, después del cese de las compras netas de activos a fin de año, reinvertirá, durante un tiempo prolongado tras el inicio de la subida de tipos de interés, los activos de la cartera adquiridos en el marco del programa que vayan amortizándose, con el fin de evitar que esa subida sin medidas compensatorias puede provocar una mayor ralentización de la economía europea.

La economía española habría crecido, en el cuarto trimestre del año, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, a una tasa intertrimestral del 0,6 %, al igual que en los dos trimestres precedentes . La desaceleración de la actividad en España a lo largo de 2018 habría sido notablemente menos intensa que en el conjunto del área del euro, lo que, en parte, podría deberse a la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que entraron en vigor en el verano, de algunas medidas que han impulsado las rentas de los hogares. Además, la introducción de la nueva norma de emisiones contaminantes de los automóviles podría haber tenido, aparentemente, un efecto comparativamente menos pronunciado sobre la actividad del sector en nuestro país que en otras economías del área del euro, como la alemana. Por componentes, la dinámica del producto nacional habría seguido apoyándose sobre una trayectoria relativamente expansiva de la demanda interna. En particular, el consumo de los hogares habría seguido impulsándose en el proceso de generación de empleo, además del efecto expansivo sobre las rentas de los hogares de algunas medidas fiscales aprobadas en los PGE18 y, más recientemente, el retroceso de los precios del petróleo. Si bien el mercado de trabajo quiebra en noviembre la senda de mejora observada los meses anteriores, los ritmos de creación de empleo siguen siendo muy dinámicos, cercanos al 3% interanual, lo que equivale a más de medio millón de afiliados a la Seguridad Social en el último año. La tasa aproximada de paro (parados / parados + afiliados) se redujo en diciembre una décima hasta el 14,7%

Por su parte, en lo que respecta a los flujos de comercio exterior de bienes y servicios, la información disponible para los meses finales del año, según datos del BdE y con información todavía incompleta, apuntan a una cierta mejoría tanto de las exportaciones de bienes como de servicios turísticos, tras la notable debilidad mostrada a lo largo del año. La pérdida de dinamismo del sector exterior de la economía española en los últimos trimestres se debería a la confluencia de varios factores explicativos, entre los cuales la pérdida de fortaleza de la demanda procedente del resto del mundo desempeña un papel fundamental. Los efectos desfasados de la apreciación que el euro experimentó en 2017 y, en el ámbito de los servicios turísticos, la recuperación apreciada por los destinos competidores del arco mediterráneo, que en años anteriores se habían visto afectados por un aumento de la inseguridad, también habrían contribuido a explicar esta evolución. En conclusión, el menor dinamismo de nuestros mercados de exportación explica, en gran medida, la debilidad de la industria, mientras que los servicios se mantienen sólidos, sobre todo las actividades comerciales, que contrarrestan el menor vigor del turismo. Por su parte, la construcción podría cerrar el año con cifras récord, apoyada, fundamentalmente, en el segmento residencial.

En el medio plazo, el Banco de España prevé una continuación de la expansión de la actividad, favorecida por la corrección de los desequilibrios de la economía y por los efectos todavía expansivos de las medidas de política monetaria adoptadas en el pasado. No obstante, estos estímulos tenderán a diluirse a lo largo del período de proyección (que comprende hasta el año 2021), lo que, entre otras razones, hará que el crecimiento del producto tienda a moderarse. Según las previsiones de la citada institución, tras el aumento del 2,5 % en 2018, el PIB avanzaría un 2,2 %, un 1,9 % y un 1,7, respectivamente, en cada uno de los tres años.

Por lo que se refiere a los precios de consumo, en España, la inflación se redujo seis décimas en noviembre hasta el 1,7%, la más baja en siete meses. Dentro de una evolución desinflacionista casi generalizada por componentes, destaca la caída de los precios energéticos (electricidad y carburantes). La caída de la inflación en noviembre ha sido más intensa de lo que se preveía, de modo que la previsión más ajustada para los próximos meses sería la siguiente: mantenimiento en diciembre en torno a la tasa actual, repunte en los primeros meses de 2019 hasta el entorno del 2% y cierre del 2019 en el 1,5%, debido a que el componente subyacente ha seguido mostrando una trayectoria relativamente estable en los últimos meses y se espera que comience a repuntar a medida que siga intensificándose el grado de utilización de los factores productivos al compás de la prolongación de la fase alcista. El aumento del salario mínimo, aprobado en el último Consejo de Ministros del año, no debería tener, por sí solo, un impacto alcista significativo sobre la inflación, puesto que se estima que, en términos de los costes laborales unitarios, el repunte del crecimiento salarial medio se vería compensado por otro de similares proporciones en la productividad laboral, dado el impacto que la medida tendría en términos de destrucción de empleo.

En cualquier caso, las políticas económicas deben realizar una contribución significativa a la reducción del grado de vulnerabilidad de la economía española frente a la ralentización de nuestros potenciales clientes exteriores. En concreto, el diseño de una estrategia bien perfilada para la reducción duradera del déficit público estructural y del endeudamiento de las Administraciones Públicas ayudaría a crear cierto margen de maniobra para que la política fiscal pueda hacer frente a las consecuencias de una eventual ralentización de la actividad y a limitar un eventual encarecimiento del coste de financiación de los agentes públicos y privados. Además, el despliegue de un programa de reformas que fomenten un funcionamiento más eficiente de los mercados de trabajo y de bienes y servicios ayudaría, asimismo, a aumentar el crecimiento potencial de la economía y su resistencia ante perturbaciones exteriores. En este sentido, resulta oportuno mantener y reforzar los principales elementos del actual marco jurídico del mercado de trabajo que favorezcan que el ajuste en este mercado sea compatible con una menor destrucción de empleo durante las fases recesivas, así como la eliminación de las regulaciones que limitan la competencia en algunos mercados de productos. Conviene recordar, en este sentido, que los costes asociados a la introducción de todas estas medidas son más reducidos cuando se adoptan en un contexto de bonanza económica, como el actual y que ya llevaríamos cierto retraso en su implementación si queremos que una hipotética fase contractiva de la economía española nos pille “con los deberes a medio hacer”, sin colchones financieros y presupuestarios como los que permitieron minimizar, en lo posible, los enormes costes sociales en la crisis del 2008.

Gastos en I+D en España en relación al PIB. Comparativa con la media de la UE28.

Los datos son descorazonadores. El esfuerzo en Investigación y desarrollo facilitado por el INE pone de manifiesto una dinámica temporal paulatina de pérdida de peso de estas acciones que son fundamentales para la proyección económica a medio y largo plazo de España. La serie temporal muestra una pérdida del peso en relación al PIB desde 2010 y un alejamiento de la media del gasto en I+D en los países de la UE28, desde el 72,5% de la media europea al 57,9, dato de máximo alejamiento. Un dato más para estar preocupado sobre las posibilidades de un crecimiento estable y sostenido y generador de empleo de calidad a largo plazo. Para enviar al rincón de pensar a los responsables de estas políticas en España